"Ponderé mi decisión de intervenir los teléfonos de dos periodistas, lo valoré. Pensé que era más importante averiguar el delito que el derecho al secreto profesional del periodista. No se reveló ninguna fuente". El juez jubilado Miguel Florit justificó de esta manera sus polémicos autos en el juicio por el caso Móviles que se celebró ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB).

La vista se prolongó durante más de once horas y las acusaciones particulares, en nombre de Diario de Mallorca, Europa Press, Efe y la Asociación de Medios de la Información (AMI), mantuvieron su petición inicial de condena de 42 años de inhabilitación profesional para el veterano magistrado por los presuntos delitos de prevaricación continuada, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del derecho al secreto profesional periodístico y por interceptación ilegal de comunicaciones. Los abogados Nicolás González-Cuellar y Javier Crespo, en nombre de Diario de Mallorca y de Europa Press, reprocharon a Florit que "no se puede obtener la verdad a cualquier precio" y que tampoco se puede limitar el derecho al secreto profesional de los periodistas. Mientras, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y su defensa solicitaron la libre absolución al considerar que no hubo resolución injusta ni dolo.

Florit se mostró abatido, con la mirada perdida, el rostro cansado, cabizbajo y, a veces somnoliento. No quiso contestar a las preguntas de la acusación particular. Sentado en el estrado junto a su abogado Josep Zaforteza trató de defender su actuación y explicó los motivos por los que rastreó las llamadas y posicionamientos e intervino los teléfonos de los periodistas Kiko Mestre, de Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de la agencia Europa Press, que cubrían el caso Cursach, la supuesta trama de corrupción en torno al magnate de la noche. Según su versión, su intención era investigar qué funcionarios públicos habían facilitado a la prensa información reservada o secreta de este entramado. "Se publicó un informe de la Policía Nacional sobre un presunto fraude a Hacienda de Cursach antes de que yo lo hubiera leído. Me pareció un hecho gravísimo. Este informe fue la gota que colmó el vaso y decidí abrir diligencias por revelación de secretos", manifestó el acusado.

El juez jubilado admitió ante el TSJIB haber dictado cuatro autos entre septiembre y diciembre de 2018 en los que ordenaba fiscalizar las llamadas y confiscar los móviles de Kiko Mestre y Blanca Pou. "Yo lo valoré y estimé que no comprometía el derecho al secreto profesional de los periodistas. Lo ponderé", insistió, al tiempo que recalcó que en ningún momento los terminales fueron manipulados porque días después de su incautación los devolvió.

"No se reveló ninguna fuente. Los sospechosos estaban ya identificados plenamente. Yo sabía quiénes eran los autores de la filtración", recalcó Florit, en referencia a dos policías. "No podía pedir la intervención de los teléfonos del juez Penalva y el fiscal Subirán", dijo, en referencia al anterior instructor y fiscal del caso Cursach. "Decidí que era más leve buscar el listado de llamadas de los dos periodistas, en vez de todos los funcionarios que podían haber filtrado el informe. Eran mucha más gente, pero los periodistas eran solo dos", reconoció el juez.

"Ponderé mi decisión. Pensé que era mi deber investigar el delito, que era grave, y que debía sucumbir el derecho al secreto profesional. Yo actué de acuerdo con la Policía y el fiscal Carrau", dijo. Mientras, Juan Carrau, fiscal anticorrupción de Balears, que ayer declaró como testigo, sacó toda su artillería para defender y tratar de salvar a Florit. Carrau subrayó que era una medida "ponderada y necesaria" porque no había otra vía de investigación.