El pasado 15 de febrero, el periódico EL DÍA publicaba un artículo de opinión que salía en defensa del Director de Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife tras haber solicitado la mayoría de sindicatos de justicia su cese, así como la apertura de un expediente disciplinario, fundamentando su petición por lo declarado en cinco sentencias judiciales.

Destaco entre las mismas la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, de 7 de octubre de 2019, por la gravedad de los hechos que recoge, y la sentencia de la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia, por tratarse del más alto Tribuna de Justicia de Canarias. Las dos confirman que el director del Instituto ha cometido castigos encubiertos para evitar quejas y reivindicaciones laborales. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo llega a calificar la actuación de éste de un "ejercicio arbitrario y desviación de poder de las potestades públicas", señalando además otras importantes irregularidades del director del Instituto. Ambas sentencias, a su vez, imponen a la Administración el pago de todos los gastos procesales.

Los hechos que recogen estas sentencias constituyen las irregularidades administrativas más graves que puede llegar a cometer un funcionario al vulnerar las normas más elementales de la función pública. Estamos ante hechos declarados como probados por sentencias judiciales firmes, cuya comisión no admite justificación alguna, menos aún, si cabe, cuando estamos hablando del máximo responsable de una institución pública del Gobierno de Canarias al servicio de la Administración de Justicia. Y aunque cada cual puede apoyar u opinar lo que estime oportuno, resulta inadmisible que para intentar defender en los medios de comunicación al actual director del Instituto ante las denuncias de los sindicatos de justicia, se difame y desprestigie para ello a los anteriores Directores. ¿Es que no hay un solo argumento a favor del actual director para tener que recurrir a la descalificación gratuita de los anteriores?

No puede tener cabida en una institución pública, ni en ningún medio laboral, que su dirección actúe de forma arbitraria ajena al interés público, que se haga un mal uso de las potestades públicas o que se castigue a su personal para evitar reivindicaciones laborales o porque "molesten" (como así lo han declarado sentencias judiciales firmes); o que se trate a cualquier miembro de este Instituto de forma hostil y sin respeto (como denuncian los Sindicatos de Justicia). ¿Es éste realmente el Instituto de Medicina Legal con el que algunos sueñan?