20 de febrero de 2020
20.02.2020

Un concierto regulará los servicios de las ONG a los sectores vulnerables

La nueva Ley Canaria de Servicios Sociales culmina el desarrollo de su cuerpo normativo

19.02.2020 | 20:31
La consejera Noemí Santana, ya reincorporada tras su baja por maternidad.

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias impulsa el proceso del desarrollo de la Ley de Servicios Sociales que incluye en su marco normativo un concierto para permitir que aquellos servicios sociales que no preste la administración pública, como comedores sociales o pisos tutelados, lo puedan gestionar las entidades del tercer sector, básicamente las ONG, con un periodo mínimo de cuatro años.

Según explica el director general de Derechos Sociales, Jonás González, en las últimas semanas se han celebrado diversas reuniones de trabajo de las subcomisiones técnicas encargadas de desarrollar el cuerpo normativo y técnico del concierto social y del catálogo de servicios sociales.

"Desde Derechos Sociales continuamos nuestra labor de desarrollo del concierto social, a través del cual se regula la prestación de los servicios sociales públicos en nuestra comunidad, así como en el desarrollo del catálogo", señala González, quien aclara que el Concierto "repercute positivamente al otorgar a los servicios sociales una mayor estabilidad y garantizar que la ciudadanía cuente con ellos de forma continuada".

En relación al Catálogo de Servicios Sociales, a través del cual se recogen, identifican y definen las prestaciones de referencia del sistema público, el director general anuncia que el Ejecutivo tiene ya "muy avanzados" los servicios y prestaciones de la consejería y actualmente trabajan con Cabildos y ayuntamientos para definir los servicios y prestaciones insulares y municipales.

González enfatiza que todo el proceso de diseño y debate de estos decretos se lleva a cabo desde la premisa de la participación. "Queremos que el estudio y desarrollo de estas normativas se realicen de forma consensuada, participada y participativa; por ello, la Consejería ha asumido la elaboración de los borradores de los decretos y las subcomisiones realizan interesantes aportaciones".

Dichas subcomisiones están conformadas, no solo por personal técnico de la Consejería, sino también por miembros del Tercer Sector y colegios profesionales.

"Nuestro objetivo es procurar la máxima participación de los agentes sociales implicados más allá d e lo exigido por ley y no solo en relación al desarrollo normativo", aclara González. Valora que ya se trabaja también en otros compromisos derivados de la Ley como la renta ciudadana, el plan de lucha contra la pobreza o la gestión de la tutela de personas mayores.

Canarias abre, en paralelo, otra vía de trabajo, la de la futura agenda social, una hoja de ruta a consensuar con el estado. Este es el sentido de la reunión de trabajo de la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, y Jonás González con el recién nombrado secretario de Estado del área, Nacho Álvarez. Sobre la mesa, la financiación del sistema de dependencia o el reparto de los fondos del 0,7% del IRPF.

Respecto a la dependencia, Canarias ha solicitado que las nuevas cuentas estatales mejoren la financiación además de datos concretos sobre exclusión social de cada territorio y ha pedido que los próximos PGE vuelvan a incluir el Plan de lucha contra la Pobreza que destinaba a las islas un fondo de 30 millones de euros. Sobre el reparto del 0,7%, el Archipiélago solicita que se priorice el criterio poblacional.

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