El cuerpo de inspectores de salud pública en Canarias debe duplicarse y pasar de los 125 actuales hasta al menos acumular 250 puestos de trabajo. Es una condición indispensable, según los propios trabajadores, para poder hacer su trabajo con normalidad, ya que trabajan con la misma plantilla que la que tenían hace dos décadas, a pesar de tener más población de la que hacerse cargo. Se trata además, de importantes tareas que repercuten en la salubridad de la sociedad que, en los últimos meses, se han topado con un obstáculo que se ha sumado a unas condiciones deficitarias de base: que la Consejería de Sanidad solo les financie el transporte que hacen en guagua o tranvía.
Sin embargo, no son 125 los que están trabajando diariamente. Según los datos aportados por la Consejería de Sanidad, el Servicio Canario de la Salud cuenta con 125 plazas de Técnicos de Inspectores de Salud Pública cubiertas por farmacéuticos y veterinarios, de los cuales 90 realizan de forma "habitual y exclusiva" inspecciones sanitarias propias de su puesto de trabajo. Las dos áreas de trabajo de estos profesionales son la seguridad alimentaria -por ejemplo la vigilancia de mataderos, evitar zoonosis, control del sector pesquero y de la restauración colectiva- y la sanidad ambiental -en la que se encuentra la vigilancia del agua de consumo humano o la de playas y piscinas-.
"Esta situación está derivando en un riesgo para la salud pública". Contundentes y hartos de no ser escuchados, los inspectores de salud pública de Canarias volvieron ayer a alzar la voz para denunciar los graves problemas a los que se enfrentan. De hecho, a raíz de esta situación, en los últimos meses han dejado de vigilar la cloración del agua del grifo en algunos municipios. "Esta carencia de medios está propiciando un riesgo para la salud pública de Canarias", sentencia Piñero.
Según explicó el presidente de la Asociación Canaria de Inspectores de Salud Pública, Jafet Nonato, este servicio muestra hoy una serie de deficiencias tanto por ese déficit de medios humanos, como por la falta de material para realizar sus tareas, como los equipos de protección individual. La Consejería de Sanidad se encuentra actualmente estudiando la adecuación de su Relación de Puestos de Trabajo (RPT), para que se adecúen "a esta realidad y a una demanda creciente de este tipo de controles". Como afirmaron los representantes del colectivo, en el Archipiélago hay actualmente 1 inspector por cada 25.000 habitantes, cuando lo "necesario" para poder ejercer sus funciones de manera correcta, sería un ratio de 1 inspector por cada 12.000 habitantes. En este sentido, el secretario general de la Asociación, Luis Piñero, recordó que en regiones como la de Aragón que cuenta con una población menor a la canaria, cuenta con 217 inspectores de salud pública.
El último palo al que se enfrentan es tener que realizar controles en guagua o tranvía, ya que la Administración les ha informado de que solo financiará este tipo de transporte. Esto significa que, en ocasiones, se han visto obligados a portar muestras contaminadas o potencialmente contaminadas en dichos vehículos o que haya lugares en los que no puedan realizar controles porque la red de transporte público no llega. Por eso, piden que Sanidad les proporciones un vehículo o que se les incremente el kilometraje (que en la actualidad está a 0,19 euros por kilómetro). Sanidad, por su parte, llamó a la calma y afirmó que "nunca la seguridad ni de los inspectores ni de la población se ha visto en riesgo" por tener que transportar estas muestras en guagua o en tranvía . La Consejería de Sanidad, además, está estudiando habilitar soluciones específicas para el transporte y está pendiente de finalizar la tramitación para el incremento del kilometraje.
