Canarias necesita duplicar el número de inspectores de salud pública de su plantilla, pues aún continúan con el mismo personal que hace dos décadas. Esta es la principal reivindicación de la Asociación Canaria de Inspectores de Salud que esta mañana en una rueda de prensa ha denunciado las deficiencias del servicio en las Islas debido especialmente al déficit de medios humanos, pero también a raíz de la falta de material para realizar sus tareas.

Como afirmaron los representantes del colectivo, en el Archipiélago hay actualmente 1 inspector por cada 25.000 habitantes, cuando lo "necesario" para poder ejercer sus funciones de manera correcta, sería un ratio de 1 inspector por cada 12.000 habitantes. En este sentido, el secretario general de la Asociación, Luis Piñero, recordó que en poblaciones como la de Aragón que tiene una población menor a la canaria, cuenta con 217 inspectores de salud pública. Las dos áreas de trabajo de estos profesionales son la seguridad alimentaria (por ejemplo la vigilancia de mataderos, evitar zoonosis, control del sector pesquero y de la restauración colectiva) y la sanidad ambiental, en la que se encuentra la vigilancia del agua de consumo humano o la de playas y piscinas.

La situación en Canarias se ha vuelto "insostenible" según los representantes de los trabajadores que alertaron de esta situación hace ya más de una década a las autoridades sanitarias de las Islas. De hecho, a finales del 2019 se reunieron con la Consejería de Sanidad para transmitirle las condiciones en las que tenían que trabajar. El último palo al que se enfrentan es tener que realizar controles en guagua o tranvía, ya que la Administración les ha informado de que no le va a pagar los transportes que hagan en vehículo privado. Esto significa que, en ocasiones, se han visto obligados a portar muestras contaminadas o potencialmente contaminadas en dichos vehículos o que haya lugares en los que no puedan realizar controles porque la red de transporte público no llega.

De hecho, a raíz de esta situación, en los últimos meses han dejado de vigilar la cloración del agua del grifo en algunos municipios. "Esta carencia de medios está propiciando un riesgo para la salud pública de Canarias", sentencia Piñero.