La mujer asesinada en un piso de Ofra en febrero del 2019, Rosa María Concepción, tenía miedo al ahora acusado, su sobrino Gonzalo S.C., con el que convivió en los últimos años de su vida. Así se expuso por vecinos de la víctima en La Palma y por una de las médicos que la atendieron en el hospital durante la sesión del juicio celebrada este miércoles. Hasta tal punto era así que en julio de 2018 no quiso denunciarlo, ni tan siquiera que la vieran hablando con los guardias civiles que fueron a entrevistarse con ella en Urgencias del Hospital General de La Palma, cuando resultó herida tras caer por las escaleras de su vivienda, en la calle Las Lomadas, en el municipio palmero de San Andrés y Sauces.

En un primer momento, a preguntas de las dos médicos que la observaron en dicho recinto, Rosa María reconoció que mantuvo un forcejeo con Gonzalo, al que en un primer momento definió como "mi compañero", y que este la tiró por las escaleras. Sin embargo, las profesionales sanitarias detectaron que tenía múltiples lesiones, espaciadas en el tiempo y por todo su cuerpo. Algunas heridas eran recientes y otras no, en base al color de los hematomas. Después, la mujer se refirió al presunto autor como su sobrino. Como es pertinente, las médicos avisaron a la Guardia Civil y un sargento y un agente se desplazaron hasta Urgencias. Ante los miembros del Instituto Armado, la mujer titubeó y no quiso reconocer que había sufrido malos tratos por parte de la persona con la que convivía. Las doctoras le pidieron que contara a los guardias lo que poco antes les había dicho a ellas. Ante una de ellas asintió con la cabeza, pero después no quiso denunciar, ni siquiera que la vieran hablando con ellos.

Enseñaba los golpes

Ese comportamiento fue interpretado por los agentes y el personal sanitario como que antes había sido amenazada para que no relatara lo que pasaba en el interior de su vivienda. Una vecina de San Andrés y Sauces aseguró en la vista que "ella me enseñaba los moratones y me confesaba que los golpes se los daba él". Dicha ciudadana aclaró que el procesado "decía que nunca le había pegado". Y, durante el tiempo en que ambos no convivieron, ya que Gonzalo tenía en vigor una orden de alejamiento de su tía, no tenía tantos hematomas como en la época en la que estaba con su familiar, según dicha testigo.

Explicó al Tribunal del Jurado que Rosa le dijo que se iba a Tenerife con Gonzalo para vender el piso y que después volvería a La Palma. Y la respuesta de su interlocutora fue "Rosa, no vas a volver, porque él no puede vender el piso, porque no es de él". Añadió que se la llevó para matarla.

Antes de salir de La Palma, el acusado se ocupaba de cobrar la pensión de Rosa María, así como de pagar otros gastos, como la peluquería o el supermercado. Es decir, que el dinero de la víctima lo controlaba el procesado. Así se lo dijeron a la testigo tanto la propia afectada como el personal del supermercado y de la peluquería.

A preguntas de la abogada del Instituto Canario de Igualdad, Lucrecia Roldán Piñero, la vecina reconoció que el trato de Gonzalo a Rosa era "malísimo, horroroso", con expresiones como "hija de puta, no sirves ni para puta, me cago en esto, me cago en lo otro". Esta persona, al igual que la sobrina de la víctima, desconocía que Rosa María le hubiera hecho un poder notarial a Gonzalo para que administrara sus bienes. Una guardia civil explicó que, en una ocasión, visitó la finca en la que residían la víctima y el acusado, a raíz de un conflicto vecinal por el acceso a una finca. Esta funcionaria relató que encontró a Rosa "como drogada y ella me reconoció que había tomado trankimazín".

Sabía que la mujer sufría una discapacidad del 33 por ciento y que un mando del cuerpo de seguridad les había advertido de que el sobrino tuvo una orden de alejamiento de su tía, por lo que debían saberlo, por si volvía a ocurrir una nueva agresión. Rosa le contó a esta funcionaria que Gonzalo se ponía agresivo cuando bebía, pero en otros momentos "estaba encantada con él". Otro guardia civil contó a los miembros del Jurado que una trabajadora social de San Andrés y Sauces acudió al puesto de este municipio para advertir sobre posibles malos tratos en el domicilio de Rosa María en el año 2012. Sin embargo, ningún vecino quiso denunciar nunca de forma oficial los gritos y los supuestos malos tratos que se reflejaban en el cuerpo de la víctima, sobre todo "para no meterse en problemas" con el ahora acusado.