Cuatro sindicatos, Intersindical Canaria (IC), CSIF, STAJ y CCOO, solicitan el cese del equipo directivo del Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Cruz de Tenerife y que, además, se abra expediente disciplinario contra sus integrantes. Las declaraciones son realizadas por el médico forense Miguel Ángel Thous, exdirector de dicha institución hace más de una década; David Ortuño (IC), Dulce Paz (CCOO), Mario Sicilia (CSIF) y Desirée Guevara (STAJ).

El Día trató de conocer la versión del Equipo Directivo de dicho recurso, pero este ha declinado, por ahora, realizar declaraciones al respecto.

En una rueda de prensa celebrada este jueves en el Palacio de Justicia, Thous y los sindicalistas explican que diferentes sentencias, hasta cinco, declararon como hechos probados que el director del centro cometió "ejercicio arbitrario y desviación de poder de las potestades públicas", así como llevó a cabo castigos y correctivos encubiertos.

Ante esta situación, los sindicatos y Thous reclaman que el Gobierno de Canarias, administración de la que depende el Instituto de Medicina Legal, adopte las medidas oportunas para cambiar la actual situación.

Otra de las quejas consiste en que la Dirección del IML traslada información incierta y no ajustada a la realidad en sus comunicaciones con la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, a las centrales sindicales y al colectivo de médicos forenses. Y, ante esa situación, desde el Ejecutivo Autónomo se hace dejación de funciones, ya que ni siquiera ha abierto diligencias informativas para saber si las protestas planteadas hasta ahora tienen razón de ser o no.

También denunciaron "los años de sobrecarga de trabajo insostenible en varias delegaciones del Instituto de Medicina Legal, sin que la Dirección adopte ninguna medida para corregirla, pese a disponer, incluso, de médicos forenses de refuerzo nombrados para tal fin".

Los cuatro sindicatos y el citado forense indican que el equipo directivo adopta medidas arbitrarias "sobre la organización y el funcionamiento del Instituto, que incumple la normativa legal". En esa línea, comentan que, durante el horario de trabajo, se llevan a cabo actividades docentes particulares y en las instalaciones públicas del propio Instituto.

Explican que el IML en Santa Cruz de Tenerife carece de todo tipo de protocolos de actuación, como, por ejemplo, para grandes catástrofes, asistencia a menores extranjeros no acompañados o violencia contra la mujer.

David Ortuño señala que el único organo en el que se pueden decidir las condiciones laborales de los trabajadores de Justicia en la administración canaria es la Mesa Sectorial.

En varias ocasiones el Gobierno canario ha sido condenado en costas por varios contenciosos interpuestos por los tres médicos forenses que han denunciado las irregularidades de Vega.

Ante la actual situación, IC, CCOO, CSIF y STAJ, así como Thous, abogan por que los institutos de medicina legal de Gran Canaria y Tenerife estén bajo la dirección de un funcionario cualificado, de la categoría A1, por ejemplo, que tenga conocimientos o capacidad para la gestión de recursos humanos. Y, de esa manera, evitar que un médico forense designado a dedo, "haga lo que a él le conviene, pero no lo más conveniente" para el organismo.

Thous insistió en que "ya no se trata de rencillas personales" entre unos forenses y otros, sino que existen cinco sentencias que demuestran las irregularidades.

Una de las discrepancias que acabó en los tribunales estuvo originada por la necesidad que tenían dos médicos forenses de partidos judiciales diferentes de compartir un único teléfono móvil para realizar las guardias en el Norte de Tenerife. Mario Sicilia indicó que en el siglo XXI no pueden pasar estas cosas. Especificó que, cuando uno de estos profesionales acababa la guardia de 24 horas, debía quedar con el profesional que lo sustituía en esa guardia, quedar en un punto intermedio (una gasolinera, por ejemplo) y entregar el terminal.