La reforma del Registro Civil que el Gobierno de España quiere poner en marcha a partir del próximo 30 de junio podría dejar sin este servicio a 80 de los 88 municipios canarios, pues la ley que pretende "modernizar", pero también "desjudicializar" el Registro Civil, prevé el cierre de las oficinas registrales en aquellos municipios de menos de 50.000 habitantes abocando a sus vecinos a desplazarse a la capital de provincia o tener un equipo informático en casa para contactar con el aplicativo judicial, que aún está en desarrollo, y hacer las gestiones que precisen de forma telemática lo que además obliga a los ciudadanos a contar con firma digital que les permita acceder a sus informes. Sin embargo, no todas las familias cuentan con equipo informático en casa o desconocen cómo hacer estas gestiones en soporte digital.
El temor a que desaparezca este servicios de muchos núcleos de población en las Islas es lo que ha llevado al portavoz parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y presidente del Cabildo de esta isla, Casimiro Curbelo, a presentar el pasado miércoles una Proposición No de Ley (PNL) en la Cámara regional para que el Gobierno de Canarias liderado por el socialista Ángel Víctor Torres inste al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez para que, con la entrada en vigor de la ley del Registro Civil se evite la clausura de las oficinas registrales de los Juzgados de Paz en estos municipios, que representan el 90% de todas las jurisdicciones locales de Canarias.
La reducción de estas oficinas no solo ocasionará que muchos ciudadanos se deban desplazar a otros puntos fuera de su municipio, incluso fuera de la Isla, para realizar sus trámites o acudir a una gestoría o bufete, lo que implica el desembolso de dinero para abonar unos trámites que, hasta ahora han sido gratuitos.
La Ley 20/2011, de 21 de julio que recoge la reforma del Registro Civil fue aprobada por unanimidad en las Cortes hace nueve años, pero aún no ha entrado en vigor por los cambios de color político en el Gobierno central, y esa inestabilidad ha provocado que esta ley ostente el récord a la vacatio legis más prolongada del ordenamiento jurídico español.
A la gaveta de temas pendientes
Al gabinete que presidió Rodríguez Zapatero no le dio tiempo a poner en marcha esta ley que promovió debido a su salida del Ejecutivo en diciembre de ese año, tras perder las elecciones generales frente al entonces candidato del Partido Popular a la Presidencia, Mariano Rajoy. Y bajo el Gobierno de este último, los dos ministros que se hicieron cargo de la cartera de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá, quisieron imprimirle su sello a la ley introduciendo modificaciones, cuando no profundos cambios, en su articulado o el diseño de la gestión del servicio, iniciativas que se toparon con la oposición de la mayoría de los operadores jurídicos, lo que evitó que la ley entrara en vigor en junio 2018 acordándose una nueva prórroga para hacerla efectiva debido al abrupto desalojo de Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa por la moción de censura ganada por el líder socialista y hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Con Ruiz-Gallardón llegó la fiebre de privatizar la Justicia, como fue la imposición de las tasas judiciales o que en el caso concreto de los Registros Civiles, su gestión pasara primero a manos de los registradores de la propiedad y luego a los mercantiles con ciertas competencias en manos de los notarios. Pero no lo logró al no contar ni con el consenso político ni con el de los operadores jurídicos que llevaban ya mucho tiempo protagonizando protestas y paros de jornada laboral por éstas y otras reformas que pretendía introducir.
Y cuando Catalá llegó al Ministerio de Justicia, tras la dimisión de Gallardón y con el encargo de pacificar los incendios avivados por su antecesor en el cargo, frenó primero la reforma del Registro Civil con varias moratorias hasta que en 2017 propuso volver al plan inicial de encomendar el trabajo de los Registros Civiles a los antiguos secretarios judiciales. El PP presentó una proposición de ley con dicha idea en aquella legislatura, pero fue tumbada por la oposición. Así que la Ley 20/2011 volvió en 2018 a la gaveta de asuntos pendientes.
La ley socialista proponía que fueran los letrados de la Administración de Justicia (antes secretarios judiciales) los que dirigieran las oficinas registrales para liberar a los magistrados encargados del Registro Civil a su función jurisdiccional: juzgar y hacer juzgar. Luego, tanto Ruiz-Gallardón como Catalá dieron una vuelta de tuerca más y propusieron una completa desjudicialización de estas oficinas para "racionalizar" los recursos de la Administración de Justicia, dedicando a todo el personal a otros menesteres jurisdiccionales.
Sin embargo, el próximo 30 de junio será la fecha que con casi toda seguridad entre en vigor la reforma del Registro Civil, entre otras cuestiones porque el hoy ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, fue secretario de Estado de Justicia en el Gobierno de Rodríguez Zapatero de 2009 a 2011, impulsando dicha ley reformadora.
Si la reforma entra en vigor tal y como está planteada se suprimirá un servicio público que ahora cuenta con más de 7.500 oficinas, pasando a una planta de cerca de un centenar de oficinas.
Una alternativa que, como mal menor se plantea es implementar en cada ayuntamiento un terminal informático que posibilite a los ciudadanos realizar las gestiones que precisen sin necesidad de salir de su municipio, pero eso acarrearía más carga de trabajo a unos ayuntamientos ya diezmados en personal y suficientes cargas de trabajo.
