Canarias es la tercera comunidad autónoma con mayor déficit de plazas residenciales para mayores de 65 años, si se tiene en cuenta la relación por número de habitantes. De hecho, las Islas necesitarían un total de 7.364 vacantes para poder satisfacer la demanda, mientras que en el conjunto de la nación faltarían más de 70.000. Así lo denunció ayer la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece una ratio de cinco plazas por cada 100 mayores. Siguiendo esta línea, cabe resaltar que la media estatal se sitúa tan solo en un 4,21%, pero el Archipiélago estaría aún en peor situación al reunir un 2,84% sumando las vacantes disponibles en centros públicos y privados (1,14% y 1,7%, respectivamente). De esta forma, Canarias se sitúa, únicamente, por delante de Galicia y Murcia.
Y es que solo Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Asturias y Aragón cumplen con el 5% fijado por la OMS, pero es la primera de estas regiones la única que lo hace empleando, exclusivamente, recursos de financiación pública. Según advierten desde la asociación, la población mayor de 65 años ha aumentado de ocho millones de personas en 2010 a nueve millones en 2019, mientras que las plazas residenciales se han incrementado en 12.353 en el mismo período temporal. Un dato que evidencia el claro distanciamiento del objetivo. "Cuando llegó al mando este equipo directivo, nos encontramos con el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias -previsto hasta 2021-, que planteaba la creación de 5.400 plazas. Hay que tener en cuenta que, aunque ya hubiesen estado disponibles, seguirían faltando. Esto es algo que nosotros denunciamos cuando estábamos en la oposición, pues nos parecieron insuficientes desde el momento en que se anunciaron", indicó Miguel Montero, director general de Discapacidad y Dependencia del Gobierno de Canarias.
Gran inversión
Según recordó, este plan fue firmado en diciembre de 2017. Fue en ese momento, y en el transcurso de 2018, cuando se abonó una suma monetaria a los cabildos para poder iniciar el proyecto, que tenían que "justificar" la inversión antes del 31 de octubre del pasado ejercicio anual. "Cuando entramos en la Consejería en agosto del pasado año, los Cabildos nos dijeron que no tenían la capacidad de justificar los dos años anteriores porque, en realidad, 2017 había sido un año perdido. A esto hay que sumarle que habían tenido que buscar el suelo y hacer distintos trámites con los ayuntamientos, entre otras tareas", informó el director general.
Por esta razón, los consejeros de las diferentes áreas sociosanitarias de los Cabildos plantearon una serie de cambios. "Prefirieron no recibir ingresos en 2019 y que esa anualidad les fuera transferida a lo largo de este ejercicio. Sin embargo, la realidad es que ya el plan lleva un año de retraso", aclaró Montero. Para después agregar que, "será durante este año y el próximo cuando se transfiera la suma monetaria, e incluso estamos barajando continuar en 2022".
En base a las palabras del director general de Discapacidad y Dependencia, en la actualidad, desde el Gobierno de Canarias, se está "barajando" la idea de mantener nuevas reuniones con los Cabildos para ampliar las acciones que se quieren llevar a cabo. "Entendemos que estamos ante un conflicto muy importante que es preciso resolver lo antes posible. Hay que tener en cuenta que no solo necesitamos plazas residenciales, sino también en los diferentes centros de día", anotó el cargo del Ejecutivo canario.
Consciente de que el Archipiélago lleva un retraso considerable en materia de dependencia, Montero hizo referencia a los datos que maneja el Imserso para poner en valor el cómputo de personas que se encuentran en las Islas en esta situación y que ya cuentan con una resolución. "En este momento, un total de 9.040 individuos tienen ya su resolución del grado de dependencia. Esto quiere decir que les corresponde recibir un servicio que puede que no se encuentre en su zona. Muchas veces, esa necesidad puede traducirse en un centro de día o residencial", detalló.
También, quiso aprovechar la ocasión para resaltar la importancia de crear más plazas, estableciendo convenios con los centros privados a través de los Cabildos. "No solo tenemos un déficit de vacantes, también de servicios. Esto es algo que tenemos que subsanar y los centros privados podrían ser también un apoyo", apostilló. Sin embargo, en base a su criterio, lo más preocupante es la carencia de plazas residenciales, pues atañe a los individuos que cuentan con un grado III de dependencia. Cabe resaltar que se trata de una situación que se reconoce cuando los afectados precisan ayuda para realizar las actividades propias de la vida cotidiana. "Tenemos que trabajar para que la gente pueda disfrutar de los derechos que no están teniendo ahora mismo", concluyó.
