El Gobierno de Canarias rechaza el denominado pin o veto parental en materia educativa que proponen partidos como Vox y el PP. La consejera de Educación, María José Guerra Palmero, suscribe un manifiesto, ratificado por otros ocho consejeros socialistas, que recuerda: "La censura no es admisible en las instituciones educativas y el respeto a las leyes no es optativo en este ámbito".

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Ejecutivo regional manifiesta su rechazo a la que entiende como "censura por parte de madres y padres en el contenido de actividades del currículo escolar". Guerra valora: "Ni el veto ni la censura son admisibles por ser incompatibles con la misión de la educación". Y recuerda: "El cauce participativo de los padres y madres reside en las ampas". Además, "en los colegios e institutos, a través de sus Consejos Escolares y proyectos de centros, la comunidad educativa compuesta por el profesorado, madres y padres y el alumnado acuerda sus programaciones pedagógicas bajo la supervisión de la Inspección".

Guerra señala: "El interés de los menores en formarse un juicio independiente necesita información plural, y, por lo tanto, el ámbito educativo no puede admitir vetos o censuras, que constituyen una intromisión intolerable y, en mi opinión, pretenden erosionar el clima de confianza y cooperación entre las familias y la escuela, a la vez que atentan contra los pilares de la democracia".

El departamento regional insiste en que desde las aulas canarias "se educa a los alumnos para que sean personas capaces de convivir con las diferencias y de demostrar el máximo respeto a los demás" y que "el marco jurídico actual avala la educación para la igualdad, la libertad y la democracia".

También recuerdan que "la intolerancia, el rechazo a las diferencias y la propagación del odio no tienen cabida en nuestras aulas, y que los prejuicios que históricamente han dado pie a las desigualdades y a las discriminaciones -misoginia, homofobia, racismo, etc.- deben ser erradicados".

La Consejería apela al desarrollo del artículo 23 de la Ley Canaria de Educación No Universitaria de 2014, aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas, o al 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíbe expresamente "toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo u orientación sexual". A principios de este curso, el pasado octubre, la Federación de Enseñanza de CCOO denunciaba los supuestos actos de "intolerancia" e "incitación al odio" del colectivo Hazte Oír por instar a los padres a exigir a los colegios que soliciten su autorización para "proteger a los niños del adoctrinamiento en ideología de género" en las escuelas. El sindicato denunciaba que esa asociación de "extrema derecha" había hecho llegar a 20.000 centros educativos de toda España -unos 20 en Canarias- cartas en las que instaba a los padres y madres a utilizar el pin parental.