Coalición Canaria-PNC y el Partido Popular, grupos de la oposición en el Parlamento regional, cuestionan la gestión en dependencia durante los últimos seis meses del Ejecutivo que preside el socialista Ángel Víctor Torres, cuya área de Derechos Sociales gestiona Unidas Podemos. Toman como base los recientes datos del Imserso que concluyen que "han empeorado considerablemente los datos de la lista de espera para el reconocimiento de la condición de dependiente de 24.500 canarios".
CC alerta sobre el "alarmante retroceso de la dependencia tras seis meses de Gobierno socialista", tal y como evidencian los últimos datos oficiales del Imserso, que señalan "un claro retroceso en beneficiarios incorporados". Añaden los nacionalistas que Canarias "por primera vez" en los últimos cuatro años no supera las 2.000 incorporaciones, quedándose en 1.785 frente a las 2.221 altas netas certificadas a 31 de diciembre de 2018.
Para el Grupo Nacionalista el balance de estos seis meses "es preocupante" porque "supone la ruptura de una tendencia que había costado muchísimo esfuerzo conseguir" y eso solo "en 180 días; lo que augura qué tipo de datos nos podemos encontrar dentro de otros seis meses". En este sentido, CC-PNC señala que, más allá de los datos, lo más preocupante es la "falta de una hoja de ruta, de trabajo, de proyecto, de ideas", lo que es evidente cuando se comprueba que "ninguna de las medidas exigidas al gobierno anterior en distintas iniciativas parlamentarias han sido puestas en marcha ni han sido iniciadas".
Respecto a los expedientes sin mecanizar que denunció el nuevo director general la cifra "continúa creciendo y el personal, lejos de crecer parece haberse reducido", y tampoco se conocen avances en la comisión creada en el anterior mandato para la simplificación del procedimiento.
Acuerdo con los cabildos
En cuanto a la inversión en dependencia, Coalición Canaria recuerda que el pequeño incremento en 2020 responde al acuerdo plurianual previsto con los cabildos para incorporar las nuevas plazas incorporadas durante el pasado año; un crecimiento plurianual que dejó aprobado el gobierno anterior por mucho que el actual equipo lo intente negar. A Coalición Canaria le preocupa la disparidad de criterios de los responsables de la consejería respecto a las medidas para incrementar el personal. "No hay hoja de ruta, no hay proyecto y no hay trabajo", apuntan los nacionalistas. CC solicitará la comparecencia en el Parlamento y respuestas a los asuntos vinculados a la atención a la dependencia.
La diputada nacionalista y exconsejera Cristina Valido pone el ejemplo de la expedición de carnets de familia numerosa. La situación a fecha de hoy es la que ella se encontró cuando llegó a Servicios Sociales, "sin suficiente personal y con retrasos que superaban los límites de la Ley".
"En los últimos dos años de la legislatura pasada se hizo un esfuerzo, que las propias familias reconocieron, para poner en plazo la expedición con personal contratado vía un plan de choque", explica la diputada. Pero a finales del pasado año, valora, "el insuficiente personal finalizó su contrato, y tanto la sede de Gran Canaria como la de Tenerife se ven ahora con solo una persona en cada isla".
La visión del PP
La portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Australia Navarro, lamenta el repunte de las listas de espera de la dependencia en los últimos seis meses. "Gracias a la gestión del Gobierno de Torres más de 2.000 canarios han engrosado esas listas", critica.
Navarro afirma que el cierre de 2019 ha sido "otro año negro" para la dependencia en Canarias al suponer un claro retroceso en la extensión de los beneficios del sistema a todos los canarios que los necesitan. "Hoy -recalca-, tenemos más canarios en el limbo de la dependencia y esperando por una prestación a la que tienen derecho a 30 de junio de 2019".
"Los 24.500 canarios, 2.000 más que hace seis meses, que han finalizado el año en las listas de espera de la dependencia son la consecuencia de la incapacidad y la mala gestión de la ultraizquierda al frente de un área tan sensible como la prestación de los servicios sociales", añade.
Apunta que "hay, en el último semestre del año, 1.723 canarios más enredados en la maraña burocrática de la Consejería de Derechos Sociales a la espera de la resolución de su expediente y más de 300 esperando por una prestación a la que tienen derecho y todavía no han percibido". En este sentido, la portavoz del Grupo Popular lamentó que Canarias siga encabezando el ranking de las comunidades autónomas de España con más tiempo de espera en la tramitación de los expedientes "con una condena de 785 días cuando el máximo en el plazo legal es de 180".
