15 de enero de 2020
15.01.2020

La demanda de El Rosario a una funcionaria se reduce a 235 euros por malversación

Solo un testigo dice que la acción de la acusada era una práctica habitual en el Ayuntamiento

14.01.2020 | 20:51
Imagen de la declaración de uno de los testigos en la sesión de ayer.

La reclamación del Ayuntamiento de El Rosario a una funcionaria por malversación de caudales públicos, que al principio del juicio era de 600 euros, ayer se redujo a 235, después de que el propietario de una empresa confirmara que había recibido de dicha empleada municipal las cantidades por la prestación de dos servicios, de forma concreta 80 y 285 euros. Ante dicha declaración, tanto el fiscal como el abogado del consistorio, que ejerce la acusación particular, rebajaron en sus conclusiones definitivas la demanda de dinero a la procesada.

Durante la sesión de ayer en el juicio con Tribunal de Jurado que se celebra en la Audiencia Provincial prestaron declaración dos testigos planteados por la Defensa, concretamente el edil del PSOE José Estévez y el exconcejal Iván Armas.

El primero aseguró que la actuación de la funcionaria, que consistía en cobrar las inscripciones para hacer actividades de senderismo y pagar algunos servicios y productos, era una práctica habitual en la Casa de la Juventud, que se hacía, incluso, antes de que él llegara al citado departamento de la corporación.

Indicó que la caja de caudales nunca llegó a tener cantidades importantes de dinero y que no era extraño que se utilizara parte de ellas para afrontar gastos en bebidas, alimentos o material para talleres. De hecho, Estévez reconoció que él mismo y la ahora acusada llegaron a poner dinero de su bolsillo para cubrir algunos imprevistos.

Iván Armas negó que conociera la existencia de una caja de caudales en un armario de la Casa de la Juventud y que con dicho dinero se abonaran algunos servicios o bienes de consumo. Aseguró que para afrontar los gastos siempre se seguía el procedimiento de control y fiscalización exigido a una administración. Comentó que hubo registros por valor de hasta tres euros para evitar acciones irregulares.

El fiscal recordó en su intervención final que los testigos más cualificados (secretaria accidental, interventor y tesorera) explicaron que la forma de proceder de la funcionaria no era la habitual en el Ayuntamiento. El abogado del consistorio recordó que la acusada dispuso de dinero público para gastarlo a su antojo sin tener autorización para ello. Y añadió que la acusada aportó facturas fechadas en unos días en los que ya no trabajaba en la Casa de la Juventud.

El letrado de la Defensa, Francisco Elá, insistió en que la funcionaria no ha cometido delito alguno y que el asunto se podía haber resuelto de otra manera.

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