15 de enero de 2020
15.01.2020

Canarias suma 1.153 dependientes con derecho a prestación en el último año

El Archipiélago acumula 53.168 solicitudes registradas, de las que 32.243 tienen ya acreditada su condición

15.01.2020 | 00:53
Canarias suma 1.153 dependientes con derecho a prestación en el último año

El número de dependientes que recibe una prestación económica en Canarias se ha incrementado un 8,9% con respecto al año anterior. A 31 de diciembre de 2019, en la comunidad autónoma había 13.994 beneficiarios, mientras que a final de 2018 eran 12.841, por lo que a lo largo del año 1.153 personas han comenzado a recibir una ayuda económica a través de la Ley de Dependencia. El director general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno regional, Miguel Montero, califica los datos de "insuficientes" y reconoce que la situación no se revertirá en un breve periodo de tiempo, aunque ya han tomado medidas organizativas para poder gestionar con más celeridad los expedientes. En cuando a la inversión en prestaciones económicas, el Gobierno de Canarias destinó en el mes de diciembre 4,7 millones de euros, un 9,2 por ciento más que en el mismo mes del año 2018.

Montero destaca que en el Archipiélago al 85% de las personas que solicitan ayudas se les reconoce la dependencia, una cifra que está en la línea de los datos estatales. Sin embargo, lamenta que haya más de 9.000 personas que están dentro del sistema y tienen derecho a recibir la prestación, pero no la pueden disfrutar porque en su lugar de residencia no hay ninguna empresa que ofrezca ese servicio o están esperando por una plaza.

53.168 solicitudes

En Canarias, a final de 2019, había 53.168 solicitudes registradas, lo que supone un 2,81% del total nacional. De estos expedientes, 32.243 pertenecen a personas beneficiaras de algún tipo de prestación, según los datos del Imserso. Uno de los objetivos que se marca Montero es que la Comunidad Autónoma mejore la asignación para las prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar. Para esto, apunta, hay que esperar a que el Gobierno central apruebe unos nuevos Presupuesto Generales del Estado y pueda cumplir la propuesta de Unidas Podemos de asignar 500 millones más para dependencia. Si esos presupuestos tardan en llegar, el Ejecutivo regional buscaría la manera de incrementar el presupuesto, adelanta el director general.

"Una vergüenza"

El escaso capital del área hace que -después de años de espera- "la ayuda que se le asigna a una familia pueda ser de cuatro euros mensuales", porque se hacen cálculos en función de la situación económica de cada hogar. "Esto es una vergüenza", admite Montero. Quien detalla que esta situación se produce por el "hachazo" presupuestario que, en 2012, dio Mariano Rajoy.

El número de personas que esperan por las ayudas de la Ley de Dependencia ronda las 34.000. En este sentido, Montero explica que las cifras eran "engañosas" porque se encontraron con que 4.827 personas, que había presentado sus expedientes en 2018, no estaban dados de alta dentro del sistema y "no constaban ni para que los llamaran para valorarlos".

En esta línea, Montero recalca que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife había mil expedientes sin tramitar desde el año 2015. En la actualidad quedan "solo" 500 y la Consejería se fija el 1 de mayo como fecha límite para tramitar todos los expedientes de ese ejercicio. "No es admisible que haya gente esperando por las ayudas cinco años", insiste el director general.

Otra de las medidas organizativas que han puesto en marcha para agilizar los trámites es reordenar los criterios de prioridad. "Los expedientes de las personas mayores de 80 se atendían con más celeridad, sin tener en cuenta sus enfermedades", asegura Montero. Quien sostiene que se sigue dando prioridad a los expedientes de las personas menores de 21 años y de los que padecen una enfermedad degenerativa, porque "si cuentan con ayuda, aumentará su calidad de vida y su situación tardará más en agravarse".

Cuando llegó el tripartito al Gobierno, en Canarias había 50 personas para valorar todos los casos que entraban en el sistema. "Esto era un disparate", manifiesta Montero, quien asegura que ahora hay 60 y, espera que antes del verano sean 75. Además se abrirán listas, porque "hace falta más personal". De cara a sumar esfuerzos, Montero valora que hay cuatro ayuntamientos, cuyos nombres no puede adelantar porque se trata de un proyecto piloto, que están realizando los informes sociales del Programa Individual de Atención (PIA).

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