El Plan Concertado de Servicios Sociales, por el cual el Gobierno de Canarias financia a los ayuntamientos de las islas, a través de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), llegará este ejercicio a una dotación global de 33,3 millones de euros, A los 21,3 de la vía habitual, con un aumento del 10,86% respecto a 2019, se unen de manera extraordinaria otros 12, procedentes de los 18 que aporta el estado de manera específica para la lucha contra la pobreza.
Así lo anuncia el director general de Derechos Sociales e Inmigración, Jonás González, quien explica que esos 12 millones de euros serán gestionados de forma directa por las corporaciones locales para complementar el protocolo que financia los servicios sociales comunitarios firmado por la viceconsejera del área, Gemma Martínez, y la presidenta de la Fecam, Mary Brito.
El Ejecutivo regional anuncia, además, que, a partir de 2021, los acuerdos serán plurianuales "lo que permitirá estabilizar los servicios y programas y garantizar la atención continuada a las familias más vulnerables". El documento rubricado recoge estas aportaciones dinerarias que se conceden a los ayuntamientos. Este año, la principal novedad es que esta firma llega de forma anticipada para que los ayuntamientos puedan contar con la financiación desde este mismo mes.
A este respecto, Martínez hace alusión al esfuerzo realizado por el Gobierno de Canarias de adelantar la financiación de los programas con el fin de agilizar la tramitación y que las ayudas lleguen cuanto antes de las familias que lo necesitan. Además, se recoge un incremento presupuestario cercano al 11%. En total, se conceden a las corporaciones municipales un global de 21.331.171 euros, lo que supone con respecto a 2019 un incremento de 1.690.143 euros.
Martínez recalca que de esos algo más de 21 millones de euros, nueve irán directamente a la financiación del personal técnico que tramitan la Prestación Canaria de Inserción (PCI), lo que permitirá agilizar la gestión de esta ayuda de la que dependen tantas familias en situación de vulnerabilidad". Cabe recordar que el Gobierno canario abrió el pasado 1 de enero el plazo para que las familias con 2 o más menores a cargo y personas en situación de vulnerabilidad social puedan acceder a esta ayuda cuando no cuenten con ningún otro tipo de ingreso (paro, subsidio o pensión). Actualmente, perciben la PCI en torno a unas 6.500 unidades de convivencia y con esta medida se prevé ampliar la cifra en 5.000 nuevas unidades de convivencia.
Antes que otros años
Por su parte, la presidenta de la Fecam, María Concepción Brito, asimismo alcaldesa de Candelaria, subraya como factor a destacar la prontitud en la firma del Protocolo general de Actuación, "ya que permite a los ayuntamientos contar este mismo año, mucho antes que otras veces, con los recursos económicos necesarios para garantizar la continuidad de los programas sociales comunitarios, evitando, como pasaba hasta la fecha, el esfuerzo que tenían que realizar los municipios de las islas con sus propios fondos para poder ejercer una atención adecuada a la ciudadanía. Además, es la primera administración a la que recurren los vecinos por su cercanía".
La presidenta de la Fecam explica, además, que se establecerán criterios objetivos de reparto de los fondos, como los que ya se aplican en otro tipo de subvenciones, modificando la normativa anterior a través de un decreto.
El director general, Jonás González, por su parte, valora sobre todo la aportación de doce de los dieciocho millones de euros que proceden del estado y deben estar específicamente dedicados a la lucha contra la pobreza. Al respecto explica: "Se trata de una muestra más de que somos muy conscientes respecto a la importancia del municipalismo y de su papel fundamental en la gestión de los servicios sociales". "Son los ayuntamientos la primera puerta de entrada para la ciudadanía cuando tienen una necesidad", recuerda González.
Estos fondos, entre otras cuestiones, podrán destinarse a la contratación de personal técnico para la gestión de ayudas de emergencia, la Prestación Canaria de Inserción (PCI) o la financiación del Bono Social Eléctrico.
