Ayer comenzó la vista oral con Tribunal de Jurado por la presunta malversación de caudales públicos en el Ayuntamiento de El Rosario, que pretende recuperar 600 euros cuyo gasto no fue justificado. Este proceso resulta insólito para el abogado de la Defensa, Francisco Elá, quien negó que haya existido delito y que en otros países democráticos un juicio como el que se inició ayer no se hubiera celebrado. "¿Cuánto cuesta este juicio? Cinco, seis o diez veces más de los 600 euros que se quieren recuperar", apuntó. Está convencido de que su defendida es víctima de "una guerra de partidos", ya que la denuncia se promovió por un nuevo gobierno municipal que entró en 2015.
Para Elá, las autoridades actuaron con un "exceso de celo" para demostrar que "eran muy honrados". Incidió en que el hecho no fue detectado por los concejales, sino que fue la ahora acusada quien preguntó a las mismas qué hacía con el dinero que había en la caja de caudales, ya que la iban a cambiar de puesto de trabajo. Y defendió que la mujer no cogió esos recursos y una prueba es que la empresa de transportes y los guías no reclaman dinero, puesto que ya cobraron.
La trabajadora del Ayuntamiento acusada aseguró que la práctica de cobrar dinero en efectivo por actividades recreativas e ingresarlo en una caja de caudales en la Casa de la Juventud ya existía cuando fue destinada a ese departamento. El interventor municipal dijo que desconocía la existencia de esa caja y explicó al Jurado el procedimiento adecuado para ingresar dinero y pagar un gasto, ya que nunca se debe coger dinero en metálico para abonar un servicio de forma directa y autónoma.
Advirtió de que la única caja que debe haber en el Consistorio es la que posee el área de Tesorería en su despacho. Para este funcionario, la ilegalidad no está en el concepto de los gastos, sino en el procedimiento aplicado, que escapó a todos los órganos de control de la administración. El responsable de la empresa que hizo las rutas aclaró que tanto la acusada como el concejal de Juventud que estaba antes de las elecciones municipales del 2015 le pagaron en efectivo. Reconoció que en su trayectoria de 19 años la corporación de El Rosario fue la única donde lo hacían así, pues en otras lo realizaban por transferencia.
La acusada señaló que con esas cantidades cubría el transporte de los inscritos en las rutas de senderismo o los guías, así como otras cosas, entre las que citó material para talleres, copias de llaves, agua, alimentos para encuentros en la Casa de la Juventud o una cafetera. La procesada, que hoy trabaja como camarera y está en excedencia del consistorio, manifestó que todos esos gastos los hizo con autorización verbal del entonces concejal de Juventud y Cultura, Fidel Vázquez. Sin embargo, este exedil dijo en el juicio que nunca dio permiso para que la empleada municipal adquiriera una cafetera, material para talleres, agua o copia de llaves
Sobre el pago del transporte en guagua o los guías de senderismo, Vázquez comentó que esa función no se hace de forma independiente por cualquier funcionario o trabajador municipal, sino que existe un procedimiento controlado por los órganos del Ayuntamiento habilitados para tal fin. A preguntas de la magistrada, Esmeralda Casado, aclaró que nunca autorizó gastos vinculados a la actividad de senderismo, pues no se le entregaron datos de inscritos ni facturas de esa experiencia. Apuntó que supo de la caja de caudales una vez que pidió un informe a la ahora acusada sobre su forma de proceder.
Sin periodo fijo de ingreso
Casado también cuestionó a la acusada si las cantidades ingresadas en dicha caja eran muy elevadas y si existía algún periodo concreto para ingresarlo en la cuenta de la administración que permitiera un control sobre las mismas. La implicada respondió que el dinero, de forma general, nunca superó los 450 euros, después de que tuviera lugar la inscripción de los participantes en las rutas y que no había un plazo concreto para ingresarlo en la cuenta bancaria del Consistorio. Respecto a este procedimiento, Fidel Vázquez señaló que lo idóneo hubiera sido que los ingresos en el banco se hicieran a los dos días de que los vecinos pagaran en efectivo.
El representante de la Fiscalía explicó que la acusación se produce por no gestionar de forma adecuada el dinero público, ya que la mujer no informó de que había creado una caja de caudales para guardar el dinero percibido. El abogado del Ayuntamiento expuso que, el objetivo es tener "tolerancia cero" con la corrupción y que, aunque "la cantidad reclamada puede parecer de poca entidad, muestra un patrón de conducta que", si no se hubiera atajado, podía haber generado un daño al consistorio "mucho mayor".
