13 de enero de 2020
13.01.2020

Canarias espera la derogación de la Lomce y una ley consensuada

El nuevo gobierno estatal propicia en los sectores educativos de las islas la idea de "un punto de partida para la recuperación"

12.01.2020 | 19:33
Manifestación celebrada en Canarias contra la Lomce.

Los sectores educativos de Canarias reciben con expectativas de cambio la llegada de un nuevo gobierno estatal que vinculan con la idea de una recuperación en el sector que pasaría en primer lugar por una derogación del marco legislativo actual, la Lomce, conocida como Ley Wert -por el ministro del PP que la impulsó- y por el desarrollo de una nueva normativa "consensuada con todos".

Por ejemplo, para el sindicato STEC un nuevo gobierno "posibilita que el bloqueo existente hasta ahora desaparezca. Era clave superar la inactividad que el Ministerio de Educación ha mantenido desde febrero al estar en funciones". Desde el Stec, "nos congratulamos del anuncio sobre la derogación de la Lomce. Nadie ha luchado más contra la Ley Wert que este sindicato, pero le trasladamos al nuevo gobierno que no caiga en el error de elaborar una nueva Ley Orgánica sin contar con la opinión y el consenso de toda la comunidad educativa".

Al respecto añaden: "Si queremos una Ley de largo recorrido, como debe de ser, ha de obtener un amplio consenso, producto de un debate de base, de un diagnóstico compartido mayoritariamente y de las medidas a implementar. Sin esos requisitos, no tendremos una Ley Orgánica sobre la que seguir progresando y continuaremos con la fragilidad normativa que nos caracteriza".

Como puntos fundamentales abogan por "la eliminación de los conciertos educativos, especialmente a los centros que segregan por razón de sexo; la limitación de prácticas abusivas a los subvencionados con fondos públicos; el que la nota de religión no compute a efectos académicos; la extensión del ciclo de 0 a 3 años en la red pública; la gratuidad de los libros de texto y de comedores y material escolar a familias en riego de exclusión social; la mejora del sistema de becas y la propuesta de reducción de tasas universitarias".

Por su parte, desde ANPE Canarias, sindicato mayoritario entre los docentes, instan al nuevo Gobierno "a inaugurar un período de sosiego y consenso en la educación española, tradicionalmente sometida a los vaivenes políticos. Estamos de acuerdo con la necesidad de poner en marcha una transformación profunda del sistema educativo, pero siempre con consenso y diálogo".

Proponen que "la nueva ley que derogue la Lomce debe ser fruto del diálogo y representar a toda la comunidad educativa. Es el momento de recuperar el Pacto por la Educación". Insisten las fuentes en no olvidar que "la ley que impulse ahora la ministra Celaá, que continuará en el cargo, será la octava de la democracia. Esta cifra pone de manifiesto lo importante que es alcanzar acuerdos".

Afirman, además, que "la educación debe ser una prioridad política y social. Hay que encontrar consensos y acuerdos básicos que la alejen de la confrontación ideológica permanente y de las propuestas irreconciliables; buscar lo esencial y apartar lo accesorio".

ANPE propone "un acuerdo para resolver los problemas de fracaso y abandono escolar; mejorar los rendimientos educativos para todo el alumnado; impulsar y prestigiar la enseñanza pública; mejorar la convivencia en los centros y reconocer y valorar la tarea docente". Además, "es importante que todas las administraciones que tienen competencias trabajen de la mano y garanticen la eliminación de las diferencias territoriales que hace que hablemos de un sistema a dos velocidades". Por último, "necesitamos medidas para reducir la brecha norte-sur. Las condiciones laborales de los docentes y los recursos educativos de las familias deben ser iguales en todas las comunidades autónomas". ANPE propone un decálogo básico.

Cambio en política educativa. Pacto por la Educación, una Ley de la Profesión y un Estatuto de la Función Pública Docente, así como el aumento de la inversión, un mínimo del 5% del PIB y el derecho a usar la lengua castellana en todo el estado.

Enseñanza pública. Apuesta por la Red de Centros Públicos para garantizar el principio de igualdad de oportunidades y cohesión social y la búsqueda de la excelencia y calidad para todo el alumnado. Atención prioritaria a las zonas rurales y mejorar las condiciones del profesorado itinerante.

Oferta de Empleo Público. Diseño de ofertas de Empleo Público con el consenso de los representantes de los trabajadores.

Equiparación retributiva del profesorado. La equiparación salarial con los funcionarios docentes mejor pagados. El grupo A1 para todos y la recuperación del poder adquisitivo perdido.

Los claustros y reducción de la burocracia. Revisión de los Reglamentos Orgánicos de Centro (ROC) para devolver el liderazgo a los Claustros del Profesorado, con más competencias en gobierno y toma de decisiones, por ejemplo, en la elección del director. Reducir la burocracia para favorecer la actividad docente y un nuevo marco regulador para una función directiva más especializada.

Dignificación de la profesión docente y convivencia. Desarrollo de la Ley de Autoridad del profesorado con dignificación de la labor docente para favorecer un clima de convivencia. Con medidas de prevención y protocolo de actuación ante casos de acoso entre iguales y agresiones. Para alumnos y profesores.

Reducción del horario lectivo y las ratios. Horario lectivo máximo para todo el Estado. En Infantil y Primaria, reducción a 23 horas y en el resto de enseñanzas, 18 como máximo. Bajada progresiva de ratios en todas las enseñanzas y computar como tres cada alumno con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE).

Conciliación del profesorado. Equiparación de permisos, licencias y excedencias del profesorado en todo el Estado, además de acabar con la discriminación con otros empleados públicos. Flexibilizar convocatorias de comisiones de servicio, que permitan la movilidad para hacer posible la conciliación familiar y laboral.

Jubilación anticipada incentivada. Eliminación del tope regulador para la percepción de la pensión máxima y mantener la jubilación voluntaria anticipada.

Enfermera escolar. Compromiso que haga posible el servicio en todos los centros educativos.

La rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar, opina sobre la separación de los ministerios de Educación, Ciencia y Universidades que plantea el nuevo gobierno del Estado. En declaraciones a Radio Club Tenerife de la cadena Ser ha sido muy explícita: "Es como hacer una sopa de pollo sin pollo". Aguilar sostiene que la división complicará la coordinación entre la investigación y las universidades.

La división ministerial planteada por el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez no ha gustado nada, en general, entre los rectores de los centros académicos superiores de España. Así lo sostiene Aguilar, quien subraya que "será mucho más complicado coordinar la investigación con la vida académica". "Los profesores no solamente somos docentes sino también investigadores, con lo cual, separar la investigación de universidades es como hacer una sopa de pollo sin pollo", reflexiona. Sin embargo, la máxima representante de la institución académica tinerfeña manifiesta su predisposición a "trabajar para que todo vaya bien" e impulsar la coordinación entre los ministerios en los que la Universidad tiene implicaciones. El nuevo Ejecutivo anuncia que la actual titular de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, se mantendrá en el cargo; el hasta ahora ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, continuará al frente de Ciencia y Manuel Castells se ocupará de Universidades.

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