13 de enero de 2020
13.01.2020

Piden dos años de cárcel a una monitora cultural por presunta malversación

La mujer coordinó tres rutas de senderismo en El Rosario sin presuntamente justificar gastos y creando para ello una caja de dinero, versión que la acusada ha negado

13.01.2020 | 14:15
Imagen de archivo.

La Fiscalía pide dos años de cárcel y cinco años de inhabilitación para una monitoria cultural que en 2016 coordinó tres rutas de senderismo organizadas por El Rosario (Tenerife) sin presuntamente justificar gastos y creando para ello una caja de dinero, versión que la acusada ha negado.

Durante la apertura este lunes del juicio con jurado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el Ministerio Fiscal ha incluido en su escrito de acusación que la acusada incurrió en un delito de malversación de fondos públicos porque, entre otros aspectos, no recaudó los ingresos de los usuarios mediante el procedimiento "reglamentariamente establecido".

La Fiscalía cree que de ese modo escapó de los mecanismos de control de gastos e incurrió en un delito por el que pide la imposición de una pena de dos años de cárcel y cinco años de inhabilitación especial para el desempeño de su profesión, además de una multa y una indemnización al ayuntamiento de El Rosario.

Según el relato de la Fiscalía, la encausada se encargaba entre enero y junio de 2016 de coordinar tres rutas de senderismo por Tenerife organizadas por el ayuntamiento, cuyos usuarios debían abonar gastos de transporte y seguro obligatorio: 5 euros para empadronados y 6 euros para el resto.

La acusada recaudó los importes de los ciudadanos y los ingresó en una "caja de dinero", continúa el ministerio público, que creó sin autorización y que situó en la Casa de la Juventud del municipio tinerfeño.

La defensa de la acusada ha negado estas acusaciones e incluso ha asegurado que "en otras latitudes democráticas" este proceso judicial no se hubiera abierto, entre otras cosas porque dicho juicio cuesta a los contribuyentes "mucho más" que 600 euros, que es la cantidad supuestamente malversada.

Ha asegurado la defensa que la encausada fue víctima de una "guerra política" cuando el nuevo equipo de gobierno local que accedió en 2015 quiso demostrar su honradez mediante un "exceso de celo político" para recuperar esa cantidad de dinero, e inició así un juicio que le parece "de broma".

Esos 600 euros, según la defensa, no pueden considerarse "dinero público" sino "pequeñas aportaciones" de particulares para beneficiarse de una serie de servicios, por lo que el Ayuntamiento, ha continuado, no puede sentirse perjudicado.

Aun así, la acusada siguió el procedimiento ordinario para el asunto y declaró esa cantidad de dinero ante el ayuntamiento mediante facturas, por lo que también se demuestra, a juicio del magistrado, que la encausada no robó en ningún momento.

Un procedimiento que, ha continuado, se hacía de cierto modo en esos años sin que nadie en el consistorio le comunicase que debía hacerlo de otro modo, y sin que, además, ninguna de las empresas que facilitó el transporte o el agua, entre otros servicios, se haya quejado hasta ahora.

La acusada también ha declarado que la caja de caudales en las que se guardaba el dinero en metálico y las facturas ya existía cuando ella comenzó a trabajar en la Casa de la Juventud en 2012, y ha apostillado que nunca conoció su origen y que carecía de cualquier tipo de seguridad.

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