Objetivo: llegar a unas 10.000 familias en todo el Archipiélago. El camino lo marca la Dirección General de Derechos Sociales con vistas a este año 2020. "Con las cifras tan altas de pobreza que hay en Canarias y casi un 40% de la población en exclusión social, entendemos que es esencial ampliar el número de familias que se acogen a la PCI como paso previo a la aplicación de la Renta Ciudadana", asegura el director general, Jonás González. La meta de llegar con esta modificación normativa a esas 10.000 familias supone casi doblar las usuarias actuales. La Prestación Canaria de Inserción (PCI) es una ayuda económica para facilitar la integración social, recogida por ley. En la sociedad canaria, como en la mayoría de las demás, existen individuos y grupos de población que carecen de medios de subsistencia para atender a sus necesidades básicas y se encuentran en situación de mayor desigualdad social a la hora de conseguir el acceso a unos niveles aceptables de calidad de vida y al pleno ejercicio de los derechos fundamentales. Para suplir en la medida de lo posible estas carencias emana la ley de la PCI desde el Gobierno de Canarias.