"Promoveremos un Plan Integral de Lucha contra el Cambio Climático, en línea con los ambiciosos objetivos de la UE para la reducción de los efectos de los gases de efecto invernadero, que garantice que esta preocupación forme parte, de manera transversal, de toda la acción del Gobierno. Esto conlleva liderar la transición energética y la expansión de las renovables, apoyando el autoconsumo en las administraciones públicas, viviendas y empresas, así como la apuesta por una movilidad sostenible (...)". Así arranca el punto 5 del llamado Pacto de las Flores, el primer Ejecutivo de izquierdas en Canarias desde el acuerdo progresista de 1985 a 1987 (tras los 2 años en solitario del PSOE). Sin embargo, esas intenciones sobre energía limpia se topan con una cruda realidad normativa que o se modifica o impedirá el imprescindible salto que necesita Canarias en este ámbito para lograr el 100% de sostenibilidad en 2050, dados los problemas de almacenamiento que sufren los archipiélagos y la aún escasa instalación y aprovechamiento en la red global de lo que se obtiene del sol, el viento o el mar.
El primero que alerta de esos obstáculos legislativos es el consejero de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, el socialista José Antonio Valbuena, quien, a diferencia de otros responsables anteriores, ni siquiera se atreve, en declaraciones a este periódico, a augurar un porcentaje de renovables en las Islas al acabar esta X legislatura regional (en 2023, salvo que el presidente use por primera vez su nueva prerrogativa, según el Estatuto, para adelantar las elecciones). Menos lo hace respecto a 2030, cuando se pretendía superar el 50% y acercarse al 60%, y tampoco se atreve con esa fecha a tan largo plazo del 2050, pese a que Ángel Víctor Torres sí se ha mostrado seguro en varias ocasiones de que las Islas serán entonces totalmente sostenibles.
Un día simbólico
Aparte del genérico punto 5 del pacto -en el que también se habla de la gestión de residuos, los plásticos o la ordenación del suelo-, la apuesta del nuevo Gobierno por esta lucha vivió un día simbólico el 30 de agosto pasado, cuando se declaró la "emergencia climática" en las Islas al calor, a su vez, de los incendios en Gran Canaria. La prudencia de Valbuena -"es muy difícil y poco realista dar porcentajes"- se asienta, sin embargo, en que el actual "desfase" respecto a lo instalado y, sobre todo, aprovechado de renovables en la Península es del 20% -un 5 frente a un 25%- y a que la clave no radica solo en mejoras tecnológicas, sino en cambios normativos que desbloqueen muchas situaciones.
Sobre todo, el consejero apunta a la necesidad de que, como ocurre en el territorio peninsular español, "las renovables puedan en Canarias participar en la regulación del mercado eléctrico", pues lo contrario está lastrando a las Islas "porque se da un problema de rentabilidad". "Además, tenemos 6 sistemas eléctricos aislados y muchas carencias u obstáculos con el almacenamiento, también perjudicado por las leyes. En la Península, Red Eléctrica compensa las pérdidas o bajones eléctricos que se dan en un punto alejado con el resto del sistema, pero aquí no ocurre esto y eso supone un atractivo de rentabilidad allá que no tenemos en el Archipiélago para los que invierten en renovables", precisa.
"Ahora, la red no es capaz de absorber todo lo que producimos con la eólica y fotovoltaica. Estamos condicionados por las centrales de Endesa. El Estado debe cambiar el marco normativo para que haya subastas también solo para el almacenamiento. Ha de terminar el monopolio de Red Eléctrica, aprovechar al máximo la central hidroeléctrica de Chira-Soria y que haya una regulación del mercado de las baterías".
El consejero también cree imprescindible lograr más "flexibilidad para reubicar o desmantelar las centrales térmicas de Endesa mediante acuerdos. Asimismo, y desde que haya Gobierno central, pediremos que lleguen a las Islas las ayudas de 3.000 a 5.000 euros que aporta el IDAE (Instituto para la Diversificación Energética) al autoconsumo. No obstante, otra asignatura pendiente es disponer de un plan de movilidad, ya que en esto se va el 50% del gasto energético. Esto pasa, sobre todo, por introducir de verdad el coche eléctrico, entre otras medidas".
Otro cambio legislativo que se precisa, según remarca, es un régimen de concesión de aerogeneradores en el mar porque, en la actualidad, se carece del mismo, aunque ya haya molinos en las aguas canarias. "Existen muchas trabas burocráticas demasiado tediosas", afirma. "Por eso, plantearemos a Madrid un paquete de cambios legislativos que nos den un marco energético específico, al tiempo que seguiremos con las subastas eólicas y fotovoltaicas. Ya nos hemos reunido con la secretaria de Estado y está de acuerdo con esa especificidad, entre otras cosas porque la UE habla de un tratamiento específico en esta materia para las RUP".
