04 de enero de 2020
04.01.2020
copago farmacéutico

Jubilados y sindicatos, indignados por el copago

CC, PP y Cs condenan con dureza que el 'pacto de las flores' no abone los medicamentos a los ancianos más vulnerables

04.01.2020 | 02:03
La consejera de Sanidad del Gobierno canario, María Teresa Cruz Oval.

El sorpresivo retorno del copago farmacéutico ejecutado por el Gobierno de Canarias -que no avisó a oposición, ni sindicatos ni pensionistas de su intención de dejar de financiar los medicamentos a los jubilados más vulnerables- ha despertado una ola de indignación con un denominador común, el de que esta controvertida decisión pone en tela de juicio el cariz progresista del que siempre hace gala el pacto de las flores. La suspensión de la gratuidad de los medicamentos decretada por la Consejería de Sanidad, dirigida por la socialista Teresa Cruz, afecta a las rentas más bajas, concretamente a 292.458 ancianos que cobran menos de 18.000 euros anuales.

"No entiendo cómo este pacto, que se llama a sí mismo progresista, no pinta en el presupuesto una partida que afecta a la vida de la gente, a su salud", critica Blas Padilla, portavoz de la Plataforma de la Defensa de las Pensiones en Gran Canaria. Según los datos que maneja esta asociación, más de 120.000 pensionistas de las Islas cobran menos de 700 euros mensuales.?"Es muy negativo que tengamos que pagar de nuevo la totalidad de nuestra medicación porque hay gente que apenas cobra entre 200 y 500 euros de pensión. Muchos de ellos no pueden pagar los medicamentos, por lo que se van deteriorando, acuden a Urgencias, se recuperan y vuelta a empezar". Padilla explica que estos ancianos optan antes por gastar su dinero en comida o atender a sus nietos que por seguir su propio tratamiento médico.

El portavoz de la plataforma recuerda que el consumo de medicamentos se convierte en una práctica habitual a partir de una elevada edad, cuando surgen las patologías crónicas, por lo que la financiación del Gobierno "se notaba de verdad en los bolsillos y muchos se van a llevar un disgusto cuando se acerquen a la farmacia".

Duro reproche sindical

"Vergonzoso", "escandaloso" e "irracional" son algunos de los duros calificativos que emplean los sindicatos a la hora de referirse al regreso del copago. José Alonso Rodríguez Tapia, secretario general del sector sociosanitario de CCOO, no entiende cómo el Ejecutivo canario justifica esta decisión alegando que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, que todavía no ha echado a andar, eliminará el copago. "En primer lugar, debe aprobarse esta medida y, después, ponerse en marcha, por lo que podríamos estar hablando de junio o julio". Además, Rodríguez Tapia recuerda que el Ejecutivo autonómico podría haber continuado con esta financiación mediante la aprobación de un nuevo decreto, que hubiera seguido vigente hasta la entrada en vigor de la medida de ámbito estatal. Todo ello, teniendo en cuenta que el Estado pueda terminar con el copago "porque muchas de las propuestas del nuevo Ejecutivo no se podrán llevar a cabo ya que incrementarán el techo de gasto y Bruselas no lo va a permitir". El representante de CCOO se queja de la falta de transparencia del pacto de las flores, que en ningún momento avisó de un movimiento del que se han enterado cuando ya estaba aprobado. Además, el sindicalista da por hecho que éste será el primero de una serie de recortes que tiene previsto efectuar el cuatripartito en materia de sanidad.

Igual de vehemente se muestra el portavoz del sindicato Asamblea 7 Islas, Octavio Sánchez, que considera que es "una vergüenza y un escándalo que se tenga que pagar por la sanidad pública, cuando ya se abonan los impuestos". Sánchez insta al Gobierno canario a que rectifique esta decisión que perjudica a las personas mayores más desfavorecidas, que "no van a poder comprar sus medicinas porque van a priorizar aspectos como la alimentación, por lo que muchos se van a dejar de medicar por falta de recursos". El sindicalista anuncia que pedirá directamente al presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, que cambie esta polémica decisión y que no dudarán en tomar medidas ante este "escándalo".

La oposición tampoco ha tardado en poner el grito en el cielo. El expresidente del Ejecutivo regional e impulsor de la financiación de los medicamentos, Fernando Clavijo, no entiende cómo Ángel Víctor Torres, "sin previo aviso, ha dejado a casi 292.500 jubilados canarios sin una medida que era justa y absolutamente necesaria. Se les llena la boca hablando de Gobierno de progreso y lo único que hacen es recortar servicios y derechos, y subir impuestos". Para el ahora senador de CC, se ha echado a perder una medida que por 14 millones garantizaba a todos los jubilados de rentas bajas el acceso a los medicamentos. "No era una media populista ni que generara un gasto insostenible; hablamos de una de las acciones más justas, más solidarias y más progresistas que se han aprobado en los últimos años en Canarias".

Sin voluntad política

Por su parte, Miguel Ángel Ponce, parlamentario autonómico del Partido Popular y licenciado en Medicina y Cirugía, lamenta que no haya habido voluntad política para continuar con esta financiación y más por parte de "un pacto que se jacta de hablar de los débiles y del buenismo habitual de la izquierda, como si el PP no se preocupara por la gente desfavorecida". De hecho, Conde recuerda que su partido apoyó esta medida -que se llevó a cabo en mayo de 2019 gracias al superávit de la comunidad autónoma- y está convencido de que se podría haber seguido con ella porque las cuentas canarias lo permiten y porque la situación económica que se aproxima es todavía peor, pues a la anunciada desaceleración se suma el alto índice de pobreza de las Islas.

Finalmente, la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento canario, Vidina Espino, critica la doble moral de la que hace gala a su entender el Ejecutivo de Torres, "que va descubriendo su verdadera cara, como el Gobierno de Pedro Sánchez, que se negó a subir las pensiones alegando que se trata sólo de un retraso, el mismo argumento que utiliza ahora Torres para no pagar los medicamentos a los mayores que más lo necesitan". Para Espino, se trata de una muestra más de la improvisación permanente del Ejecutivo autonómico así como de su desinterés por los verdaderos problemas de la gente.

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