Sanidad debe indemnizar a una mujer por perder a su bebé en la Candelaria

Según el órgano consultivo -cuyo objetivo es asesorar a la Administración con sus dictámenes- los médicos no llevaron un "control adecuado" del estado de la paciente a pesar de que se conocía que tenía un riesgo muy alto de sufrir un parto prematuro. De ahí que inste a la Consejería de Sanidad a indemnizar a la paciente -que solicita 200.000 euros- por privarle de la oportunidad "de que su embarazo pudiera prosperar". En un informe, la institución concluye que la Administración debería realizar esta compensación por los daños producidos en la paciente, que, aunque no están derivados de una mala praxis, sí por no llevar un seguimiento "adicional" dado los altos riesgos que desentrañaba su caso. Lo que, consecuentemente, derivó en la creación de una situación de riesgo extremo que podría haberse evitado adelantando la cesárea ya programada.

Los hechos sucedieron en 2016, a finales de junio, cuando la paciente embarazada acudió al hospital aludiendo contracciones muy prematuras teniendo en cuenta que el feto tan solo había cumplido siete meses de gestación (28 semanas y seis días). Tras cuatro días ingresada, los facultativos le dan el alta, pero la mujer vuelve a ingresar por "rotura prematura de bolsa y amenaza de parto prematuro".

Contracciones prematuras

La paciente vuelve a ingresar en planta. Durante ese segundo periodo, los facultativos le realizan varias pruebas donde se comprueba que su hija se había colocado en sentido podálico -lo que habitualmente se conoce como "de culo"- y la bolsa había perdido parte del líquido amniótico. Este cúmulo de circunstancias, junto a las contracciones que padecía la mujer, llevaron a los especialistas a tomar la decisión de programar una cesárea al día siguiente.

Pero no dio tiempo. Y es que, a pesar de que esa noche las contracciones se habían parado y la paciente se mantuvo estable, a las 6:00 de la mañana avisó de que volvía a sentir ese dolor que alertaba de que la niña estaba a punto de nacer. Inmediatamente los especialistas se movilizaron para comprobar que la bebé seguía intentando salir, pero esta vez ya se encontraba en el canal del parto.

La decisión entonces de los facultativos fue proceder a realizar un parto vaginal. No obstante, el cuello del útero de la embarazada solo había dilatado 4 centímetros -lo normal son entre 9 y 10 centímetros-, por lo que, al intentar sacar la cabeza del bebé, se quedó atascada. Con el cuerpo entero de la recién nacida totalmente en el exterior, procedieron a utilizar forceps para la extracción de la cabeza, lo que resultó "muy dificultoso. "Tras ello, se consigue extraer el feto, ya muerto, no realizándose maniobras de reanimación", describe el escrito de reclamación. El personal médico, de hecho, refirió que ya antes de extraer a la niña, notaron que "no se movían los pies".

Diez frenéticos minutos de su llegada al quirófano, todo había acabado. Once días después, la paciente sería dada de alta del centro hospitalario y debería pasar los siguientes cinco meses con una baja -la mayor parte del tiempo impeditiva- por el desgarro vaginal de segundo grado que le produjo la intervención, además de por el daño moral producido por las secuelas psicológicas a causa de la muerte prematura de la pequeña. El Consejo Consultivo dictamina que en ningún momento el personal incurrió en una mala praxis, pues se limitaron a seguir las indicaciones proporcionadas por la Sociedad Española de Ginecología (SEGO).

Control adecuado

Y, de hecho, realizaron todos los controles y monitorización adecuada para su caso. No obstante, según el Consultivo, las medidas no fueron suficientes ni tuvieron en cuenta el riesgo especial que sufrían tanto la embarazada como su hija. Porque desde las 12 de la noche del 4 de julio hasta las 6 de la mañana del 5 de julio, ni los enfermeros ni la matrona "visitan ni supervisan a la paciente para ejercer un tratamiento médico pautado", alegando que estaban dejando descansar a la paciente. Algo que, a ojos del órgano consultivo es una justificación "vaga". "Lo cierto es que en un plazo inferior a 12 horas, la paciente había presentado un cuadro de contracciones por el que fue monitorizada y tenía riesgo de parto prematuro", relata la resolución judicial en la que se basa el órgano consultor. Por todo esto, el Consejo Consultivo insta a la Administración a valorar una "cuantía indemizatoria correspondiente".

Cronología de los hechos

23 de junio, 2016: Primer ingreso

La afectada ingresa por amenaza de parto prematuro, con siete meses de gestación, en el Hospital de La Candelaria. Permanece cuatro días ingresada.

28 de junio, 2016: Se rompe la bolsa

La paciente vuelve a ingresar en el hospital por rotura prematura de bolsa y amenaza de parto prematuro. Tras realizarle una ecografía, se le informa de que el feto está colocado en sentido podálico y la bolsa amniótica había perdido liquido.

4 de junio, 2016: Más contracciones

Tras varios días de calma, las contracciones se reactivan, por lo que los médicos determinan la necesidad de realizar una cesárea. La dinámica uterina remite por la noche.

5 de junio, 2016: Parto inminente

A las 6:00 de la mañana, la paciente comienza a sentir contracciones más intensas y sensación de pujo, por lo que avisa de inmediato al personal sanitario y tras la exploración realizada por dicho personal se evidenció que parte del feto se situaba ya en la vagina, razón por la que se le trasladó de forma urgente a quirófano para valorar la vía de parto. La posición del feto no permite ya hacerle una cesárea, con lo que los médicos tratan de traer al bebé al mundo con todo lo que pueden. No obstante, la falta de dilatación provoca que la cabeza se atasque y, finalmente, la niña fallezca.