La Comisión del Estatuto del Diputado en el Parlamento de Canarias aprobó recientemente la petición de los colectivos Sin Identidad del Archipiélago, que agrupa a niños robados durante décadas, para ser reconocidos como asociaciones de interés social y público. Este es un nuevo paso en la labor iniciada, de una forma más intensa, hace más de una década en Tenerife por parte de Raúl Rodríguez para intentar buscar a las familias biológicas de personas que fueron adoptadas de forma irregular o que nunca salieron de la conocida como Casa Cuna. Estos logros administrativos parecen pequeños avances ante la ingente tarea pendiente con los afectados.
Rodríguez explica que, en el transcurso de los últimos tres años, ha propiciado el encuentro de una veintena de víctimas con sus respectivos familiares "de sangre", algunos en la Península y otros en varias partes del Archipiélago. Aclara que estos afectados nacieron en Tenerife, pero, por ejemplo, fueron trasladados a provincias como Sevilla o Málaga, o bien a islas como Gran Canaria o La Palma, entre otras.
Rodríguez explica que él mismo sigue buscando para saber quiénes son sus padres, ya que él posee unos apellidos que no corresponden con los de sus progenitores.
Tras todos estos años de lucha, aclara que es muy importante que las administraciones y diferentes instituciones tomen conciencia de la importancia de actuar con agilidad para que los niños robados sepan cuáles son sus orígenes biológicos. Esta afirmación no es gratuita. Raúl Rodríguez señala que, desde el año 2016, ya han muerto once miembros del colectivo, "que nunca supieron la verdad". Recuerda que en estos momentos existe un movimiento social e institucional para retirar los nombres de militares de la dictadura franquista en calles, puentes o plazas, así como para eliminar algún monumento a Franco.
Memoria viva
Sin embargo, este impulsor del colectivo Sin Identidad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife no percibe tanto interés por recoger, de forma adecuada, "la memoria viva" de todas esas personas que tienen más de 80, 70, 60 o 50 años y que un día sufrieron el abandono y el funcionamiento de espacios como la Casa Cuna, a la que él y otras personas de su entorno vinculan con el Franquismo y los "poderes fácticos" de esa etapa histórica.
Aclara que esos ciudadanos pueden aportar sus vivencias reales sobre su paso por orfanatos o cómo fueron sus adopciones irregulares. Para Raúl Rodríguez, estos testimonios tendrán todavía mayor valor de cara al trabajo pendiente si persiste el bloqueo en algunos archivos o no se hallan fondos documentales. De hecho, alguno de ellos ya ha sido destruido en las islas y sus papeles podían contener información valiosa sobre la procedencia de parte de las víctimas.
En los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el próximo año existe una partida de 20.000 euros para favorecer los estudios del colectivo, concretamente para el proyecto "Secuelas sociales en Canarias", que pretende conocer, desde un punto de vista estadístico, el universo de los afectados con datos contrastados. Este análisis será dirigido por el sociólogo Francisco González de Tena.
En opinión de Raúl Rodríguez, el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), organismo que depende del Cabildo de Tenerife, nunca va a reconocer a la asociación su derecho a acceder al archivo de la Casa Cuna, "que sigue bloqueado", a pesar de que se trata de uno de los principales "núcleos de víctimas" en Canarias. Menores dejados en dicho recinto acabaron en otras provincias e, incluso, otros países de América, por ejemplo.
Los colectivos Sin Identidad trabajan para conocer las entradas y salidas de niños desde determinados centros, así como los registros de defunciones. De esa manera tratan de seguir la pista de los afectados.
Inversión con beneficio social
Francisco González de Tena explica que disponer de una estadística fiable sobre el número de víctimas, contrastada en los archivos, no puede considerarse nunca como un gasto público, sino como una inversión en beneficio de la sociedad.
Piensa que el poder legislativo ha acogido el asunto de una forma muy positiva, con gran interés, pero, de forma paralela, "ha demostrado que ha entrado en un terreno que le es desconocido".
En cuanto a la aportación económica, este investigador considera muy importante que se establezca un interventor o una comisión de control sobre el gasto de ese dinero, con el objetivo último de que "no se maneje un céntimo de forma inadecuada". "No queremos entrar en juegos" de que se nos acuse de mala gestión de esos fondos, ya que se pretende "hacerlo bien, con transparencia y rentabilidad social".
Otro de los obstáculos es que la estructura de muchos archivos en las islas no es la más adecuada. El motivo es que estos centros, a veces, carecen de un directorio o una organización adecuada que facilite de manera mínima el trabajo a los investigadores. Para González de Tena, un archivo no puede ser "un almacén de papeles", sobre todo "para saber qué buscamos", y su gestión debe estar encomendada a un profesional titulado.
La intención de Sin Identidad y el propio González de Tena es que, en el futuro, esos datos ofrecidos a los perjudicados permitan a las víctimas conocer la verdad y que, si lo desean, puedan acudir a los juzgados con ciertas garantías.
