Canarias encabeza la relación de las comunidades autónomas con más tiempo de espera para tramitar primero el expediente y reconocer luego la dependencia con 785 días -es decir, más de dos años-, muy por encima de la media nacional, 426. Por delante de Extremadura (675), Andalucía (621) y Cataluña (576). En el otro extremo del cuadro aparecen la ciudad de Ceuta (70 días) y Melilla (170); el País Vasco (137); Navarra (155); Melilla (170) y Castilla y León (191). Todos estos territorios se sitúan por debajo de los 180 días con el menor tiempo medio de espera. Son datos recogidos por la estadística del servicio de información del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), que publica el Imserso y difunde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Según muestra la estadística, por primera vez desde 2016, el número de personas con derecho reconocido en espera de atención aumenta. Así, hasta noviembre de 2019, crece el número de personas en espera de valoración de grado de dependencia y en espera de atención mediante servicios o prestaciones hasta llegar a las 423.000 pendientes de algún trámite, más de la mitad andaluzas (123.000) o catalanas (103.000).
En este sentido, la asociación apunta que entre los motivos de "estos impresentables retrasos" se hallan los recortes en la financiación y el "disparatado y proceloso" entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, "lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios". La asociación detalla que la mayoría de comunidades autónomas establecen dos procedimientos administrativos encadenados: la resolución del grado de dependencia y la de prestación o servicio que disfrutará la persona.
Por otro lado, la asociación pone de relieve que resulta "especialmente doloroso" que haya personas con derecho efectivo, es decir, con algún grado de dependencia reconocido, que fallecen antes de haber recibido servicios o prestaciones. A este respecto, estiman que en 2019 esta situación afectará a cerca de 31.000 personas con 85 fallecimientos diarios de quienes no llegaron a tiempo de ejercer sus derechos. "Hay que tener en cuenta que el 54% de personas solicitantes tiene más de 80 años", manifiestan.
Alertan de que la demora en ofrecer servicios de apoyo para actividades de la vida diaria supone "gravísimos" trastornos a los dependientes y genera "importantísimas" sobrecargas familiares, especialmente a las mujeres. El 75% de cuidadores familiares son hijas, madres o parejas.
La valoración del Gobierno
Miguel Montero Naranjo es el director general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias. Valora los datos que recoge este informe y los reconoce como malos pero también "esperados porque el Imserso los ha cruzado y estaba claro que estaríamos a la cola. En aras a la transparencia no los ocultamos por supuesto".
Desvela tres vías para la mejora. En primer lugar más personal pues en la actualidad apenas hay 50 valoradoras (lo dice así, en femenino) para 2,2 millones de canarios, una población envejecida y más de 9.000 demandantes. En segundo término contar con infraestructuras para ofrecer la cartera de servicios y, por último, la coordinación entre administraciones. En este sentido valora: "Hay cuatro ayuntamientos, cuyos nombres no puedo adelantar todavía, dispuestos a hacer los informes sociales del PIA a partir de enero". Sin querer mirar mucho atrás sí apostilla: "Hasta 2015 no se empieza a aplicar la Ley de Dependencia y lo único que hizo medio bien el gobierno de CC en el área fue un plan de infraestructuras no dio tiempo a desarrollarlo".
Montero insiste: "Ni doy excusas ni tiene porque ser siempre así. Se puede mejorar". Y reitera: "Hay gente con informes de grado y PIA pendientes de la prestación . La familia, desesperada, pide una residencia; tal vez no sea ese el recurso que precisa pero la realidad es que no hay plazas. Mujeres de 80 años están al cuidado de su madre con más de 100. Eso se da".
Apunta algún dato positivo: "En la provincia de Santa Cruz de Tenerife estamos en hora respecto a las peticiones y la grabación en el sistema. En Las Palmas vamos un poco más lentos". Además, añade, "no vamos a esperar a sacar nuevas listas para renovar las valoradoras sino que ya estamos cubriendo bajas, que no se estaba haciendo con personal de otras consejerías y del Servicio Canario de la Salud. Pero no saldremos del agujero si no se crean más plazas de valoradoras ". Subraya el director general que "Valencia lo entendió y ha aumentado en un 300% el gasto de personal. No digo que esa sea la cifra necesaria aquí, más en un año 2020 de transición, pero ellos están en el camino".
La cifra, señala, "es aún peor porque hay más de 5.000 expedientes todavía no incluidos". Montero recuerda: "La Asociación de directores y gerentes llamó la atención a Canarias por incluir los datos de la ayuda municipal ".
Montero continua: "Otra necesidad es el gestor informático o mejor sistema de información. Se intentó y se gastaron millones de euros pero no salió. Es clave que puedan consultar el expediente ayuntamientos y Cabildos, o el propio usuario y sus familiares".
El director general concluye: "Me gustaría nombrar a la Discapacidad, eclipadada por el problema de la Dependencia, y cuyo panorama no es hoy mucho mejor".
