La Consejería de Sanidad está estudiando recuperar el uso de los vehículos particulares de los inspectores de Salud Pública, algo que han dejado de hacer debido a que, hasta el momento, ha sido un gasto que no se cubría correctamente. En este sentido, la Administración quiere enfocar sus acciones hacia la compensación de estos viajes obligatorios para los inspectores, ya sea introduciendo un complemento de destino en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) o de compensación por el uso de vehículo particular.

La consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval, en una reunión con los inspectores de Salud Pública en la mañana de ayer, ofreció esta y otras alternativas al colectivo, aunque les avisó de que aún es necesario estudiarlas al detalle. Una nueva demora que no convenció a los técnicos inspectores de Salud Pública (TISP), que aseguraron no haber visto avances en la negociación con la Administración.

Los TISP llevan 20 años sin percibir una retribución que sustente el gasto que hacen cada vez que usan su vehículo particular para desplazarse a recoger muestras en playas y piscinas o cuando deben acudir a un establecimiento al saltar una alerta sanitaria. Y todos los días hay una.

De ahí que estos empleados públicos hayan decidido plantarse ante la Administración y reclamar 0,38 euros por kilómetro (hasta el momento cobran 0,19 euros) y algún complemento salarial. Pero mientras se niegan a usar su vehículo y hasta que se llegue a una solución por parte de la Administración, lo único que se les proporcionará será un bonobús para que puedan coger la guagua.

En la reunión celebrada ayer, la consejera de Sanidad se mostró comprensiva con la situación, y avanzó su compromiso para mejorarla durante esta legislatura. En principio, les propuso la modificación de la actual Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para introducir un complemento de destino para los inspectores, la introducción de un complemento de compensación por el uso de su vehículo particular, así como una indemnización por dispersión geográfica o la realización de consultas con los diferentes ayuntamientos a fin de facilitar el estacionamiento de los inspectores durante su jornada laboral. También les comentó la posibilidad de adquirir tres coches de alquiler para el servicio. No obstante, a ojos de los inspectores esta última medida también sería insuficiente, pues la plantilla asciende a más de 40 profesionales que se deben desplazar día a día hacia alguna localización de la isla.

Si la solución se sigue demorando, a largo plazo puede derivar en un problema mucho mayor, especialmente cuando llegue el periodo de mayor actividad, que comienza en marzo con la recogida de muestras semanales en playas de Canarias. Además, como alerta el colectivo, esta reivindicación podría expandirse al resto de islas que están en la misma situación que los inspectores de Tenerife.