"Que un acusado de ser un maltratador sea absuelto o no se le condene en un juzgado no significa que haya habido una denuncia falsa". Quien así se expresa es el inspector Roberto Sáez, jefe de la Unidad de Familia y Menor (UFAM) de la Policía Nacional. Para este mando, a cargo de los agentes que investigan los casos de la violencia de género en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y de quienes se encargan de hacer un seguimiento y proteger a las afectadas, las denuncias falsas en este ámbito no son mayores que en cualquier otra infracción penal. Manifiesta que, la mayoría de las veces esta cruel realidad "se produce en un ambiente íntimo, donde no existen testigos y el juez necesita pruebas para justificar la condena", no porque no haya ocurrido.

En opinión de Sáez, el momento más difícil y complejo para las afectadas por los malos tratos físicos o psicológicos se produce cuando tienen que dar el paso de denunciar, ya que son conscientes de que con esa medida empezarán a sentirse liberadas de su sufrimiento, pero, paralelamente, supone una ruptura con una persona con la que han convivido parte de su vida.

No obstante, los episodios abordados por su Unidad han crecido de forma moderada en el último año. Y eso supone que las campañas institucionales para que se denuncie más surten efecto para paliar este fenómeno, que en la inmensa mayoría de las veces se produce en la intimidad del hogar.

Hasta mediados de noviembre del pasado año, la Unidad de Familia y Menor de la Policía Nacional atendió en la Comisaría de Distrito Sur de la capital tinerfeña a un total de 490 asuntos. Hasta ese momento, en la provincia dicho parámetro ascendió a 1.188 casos.

En base a las estadísticas recopiladas hasta mediados de noviembre, en el citado grupo se atendieron 571 episodios de agresiones físicas o psicológicas. Y en el ámbito provincial la suma ascendió a 1.347. Eso significa que ha habido un incremento del 16% en Santa Cruz de Tenerife y un 13% en la provincia. El inspector reconoce que los quebrantamientos de condena por parte de los hombres denunciados "son habituales y hay bastantes denuncias".

La UFAM divide su labor en dos actividades. Una es la denominada de "Investigación", que se encarga de asesorar a las mujeres afectadas, recibir la denuncia propiamente dicha y recabar pruebas o testimonios sobre los hechos. Lo primero que se lleva a cabo es una entrevista con la víctima para conocer su situación y se le ofrece la posibilidad de tener un abogado del turno de oficio especializado en estos delitos, así como de utilizar los recursos del Dispositivo de Emergencia de Mujeres Agredidas (DEMA), que depende del Cabildo. Y la ciudadana puede aceptar o no tales acciones. También se le brinda la opción de solicitar una orden de protección respecto al presunto maltratador. Tras recoger la denuncia propiamente dicha, el siguiente paso de los funcionarios consiste en buscar testimonios o pruebas de los hechos, si los hubiera. A continuación, los agentes se centrarán en la localización y la detención del denunciado.

De forma paralela, los policías nacionales de la UFAM también efectúan una valoración del riesgo que se estima que hay de que el presunto autor reincida en sus acciones ilícitas. Este puede ser extremo, alto, moderado, bajo o no apreciado. Roberto Sáez señala que los más habituales son los tres últimos.

Las agentes de protección llevan a cabo otra parte de las funciones de la UFAM. En su caso, mantienen un primer contacto con la afectada, a la que se facilita un número de teléfono de contacto que está operativo las 24 horas y se le asigna una "policía protectora". Si el riesgo registrado es extremo, el contacto de dichas funcionarias con la víctima debe producirse, como mínimo, cada 72 horas. En el supuesto de que sea alto, esa llamada de control tiene que hacerse cada semana; si fuera medio, mensualmente, y cada dos meses si se trata de un nivel bajo.

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife está integrada en el Sistema Viogen y eso significa que en el municipio capitalino los casos de protección de víctimas con riesgo bajo o medio son asumidos tanto por agentes municipales como por policías nacionales. El cuerpo de seguridad municipal se ocupa del área comprendida entre el centro de la ciudad y Anaga, mientras que los policías nacionales asumen el resto. Cuando el riesgo estimado es alto o extremo, la protección es asumida exclusivamente por la UFAM.

El nivel más elevado supone que una patrulla debe proteger las 24 horas a la víctima, bien a la puerta de su domicilio o junto a su puesto de trabajo, por ejemplo. En los días en que se mantiene tal riesgo, se aconseja a la mujer que rebaje su "actividad social", pero esta es libre de hacer lo que considere oportuno y los agentes tienen la obligación de seguirla a donde vaya. De hecho, si cambia de domicilio o se va de viaje, existe la obligación de avisar a la Policía Nacional o la Guardia Civil de ese otro lugar en el que va a estar.

En estos momentos, en el Sistema de Viogen en el municipio de Santa Cruz de Tenerife están recogidas unas 483 mujeres, de las que 342 son atendidas por la Unidad de Familia y Menor y 141 por los profesionales de la Policía Local.

Las afectadas se ponen en contacto con su "policía protectora" para advertir de que se ha cruzado con su expareja en un determinado lugar, porque está en alguna actividad deportiva o de ocio de uno de sus hijos, porque le ha enviado mensajes de telefonía móvil, o bien después de que haya pasado de forma repetida por delante de su domicilio o esté golpeando la puerta. Y eso resulta muy grave cuando existe una orden de alejamiento impuesta al denunciado. En esas ocasiones se envía un vehículo radiopatrulla para que intervenga.