Solo 140 de las 456 empresas que deberían cumplir con la normativa laboral que fija una cuota del 2% de puestos de trabajo a cubrir en sus plantillas por personas con discapacidad cumplen con esta medida en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, unas cifras que discurren parejas a las registradas en la provincia de Las Palmas, donde 212 de las 567 empresas que deben prever empleos para personas con capacidades diversas cumple con la citada cuota que marca la legislación para sociedades mercantiles de más de 60 trabajadores. Estas vergonzantes cifras, que fijan el cumplimiento de la ley para solo un tercio de las empresas de más de 60 empleados, fueron expuestas ayer por la subdirectora de Empleo del Gobierno de Canarias, María del Carmen Armada Estévez en el marco del Foro Empleo y Discapacidad: Reflexión y acción organizado por el periódico EL DÍA en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife.

Armada añadió que las empresas valoran más pagar la multa por incumplimiento de la cuota de reserva que contratar a más personas con discapacidad, "y más si la sanción y la multa que se imponen son las mínimas previstas", aseveró.

El Foro se organizó en torno a dos mesas redondas, la primera de ellas bajo el título Reflexión, y la segunda, como Acción. En esta última, además de Armada Estévez, participaron Javier Bencomo Bencomo, presidente de Cermi Canarias; Andrés Guillén Guillén, director de Zona de la ONCE Tenerife; Mariam Franquet Navarro, consejera del Área de Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo de Tenerife, e Ignacio de Lojendio Pérez-Braun, director de Recursos Humanos de Grupo Número 1.

Franquet evidenció otros datos invisibilizados para la mayoría de la sociedad como es que "las personas con discapacidad ni siquiera están incluidas como demandantes de empleo", por ello indicó que "hay trabajar de forma conjunta entre los poderes públicos y las empresas para romper con unas barreras que solo son mentales, pues la mayoría de las personas con discapacidad pueden desarrollar empleos ajustados a sus posibilidades, pero como ocurre con el resto de trabajadores, donde unos tienen más habilidades para desarrollar unas tareas que otros". En este sentido, Franquet indicó que "hay que velar por las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad" pues "el trabajo es un derecho de todos, también de las personas con discapacidad". "No es un favor que hacen los empresarios", apostilló la consejera.

Guillén incidió en que muchos de los empresarios consideran las cuotas "un engorro" y, por tanto, "no existe un nivel de concienciación suficiente para que las contrataciones de personas con discapacidad sea un hecho que transcurra de manera natural". "El empresariado tiene que avanzar aún más porque todavía se está lejos del objetivo que queremos alcanzar", manifestó.

Por su parte, Ignacio de Lojendio destacó la implicación que tiene el Grupo Número 1 a la hora de seleccionar personal para contratar en los diferentes departamentos y, por eso, durante la fase de selección, "siempre se escoge el mejor perfil para el puesto a desempeñar y para algunos puestos hay demandantes de empleo con discapacidad que pueden ocuparlo sin ningún tipo de problema, incluso, realizan sus tareas, tras el periodo de prueba o formación, mejor que otros perfiles".

En este sentido, abundó en que "una vez que se incorporan a una empresa pueden aportar un valor añadido tal que puede hacer que la cuota del 2% de reserva de plazas para el empleo de personas con discapacidad se supere en aquellas empresas que tienen experiencia en su contratación. "Los empresarios valoran los beneficios económicos pero quienes contratan a personas con diferentes capacidades añaden, además, valor humano a su empresa", subrayó Lojendio Pérez-Braun.

Durante el debate de esta segunda mesa redonda, la periodista Verónica Pavés puso sobre la mesa los últimos datos sobre empleabilidad de personas con discapacidad y que arrojan una caída del 7,7% en la contratación de estas personas.

Nuevamente, Ignacio Lojendio explicó que "quizás la situación por la que atraviesa el sector turístico a lo largo de este año haya tenido que ver en la reducción de la empleabilidad de estos trabajadores, porque también ha afectado al resto de contrataciones", una reflexión que compartió Armada Estévez, quien también vinculó la caída en las contrataciones a la coyuntura económica.

Por su parte, Javier Bencomo afirmó que aprovechó para felicitar al Gobierno de Canarias que en la próxima Oferta Pública de Empleo para cubrir plazas en Sanidad ha dispuesto que la citada cuota del 2% de reserva se haya ampliado al 7%. "Vivimos en la cultura de la obligación", es decir, "que hay que regular como mecanismo para salvaguardar los derechos de las personas a tener un empleo y ser independientes", por lo que señaló que el Cermi plantea "el 50% de cuota de empleabilidad para estas personas, así como un aumento aún mayor de esa cuota para las mujeres por razón de género, ya que padecen una doble desigualdad, por ser mujeres y por tener una discapacidad", aclaró.

Otro de los elementos sobre los que se habló fue el hecho de que la Atención Temprana es prácticamente inexistente y cuando llega, deja de prestarse a unas edades muy cortas, con seis o siete años. "Tenemos mucho trabajo por hacer, les estamos quitando este derecho", señaló Franquet. Además, la consejera indicó que Sinpromi tiene que dar un giro y promover una mayor colaboración entre las distintas administraciones y los colectivos sociales.