Situación inédita en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El pleno del órgano de gobierno de los jueces votó ayer hasta cuatro veces a la terna de los tres magistrados que optaban a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y ninguno de ellos logró los 13 votos necesarios, que suman los tres quintos del pleno, formado por 21 miembros. Este revés supone llevar el proceso al punto de partida y a los tres candidatos se suman ahora los dos que quedaron fuera antes de la recta final, lo que vuelve a elevar a cinco el número de aspirantes a sustituir a Antonio Doreste.

Se trata de un escenario sin precedentes, al menos en la última década. Tras las votaciones que contempla la norma que regula el CGPJ, el resultado fue reñido hasta el final ya que el decano de los Juzgados de Santa Cruz de Tenerife, Juan Luis Lorenzo Bragado, se quedó a un solo voto de ser elegido presidente del TSJC. A la recta final llegó también el magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Pedro Herrera, con nueve respaldos. El magistrado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Félix Mota Bello, se quedó sin apoyos porque el voto se concentró en sus dos rivales.

Tras evidenciarse la incapacidad de alcanzar una mayoría suficiente, el pleno devolvió a la comisión permanente la terna de candidatos. De esta forma se cumple con lo dispuesto en el artículo 44 del reglamento de organización y funcionamiento del CGPJ, que establece que cuando en las votaciones para la provisión de cargos judiciales o gubernativos que competan al CGPJ ninguno de los aspirantes alcance la mayoría exigida -tres quintos- "se celebrará una nueva votación entre los dos que hubieren obtenido mayor número de votos en la primera -en este caso Herrera y Lorenzo Bragado-. Si ninguno de ambos alcanzare la mayoría antes expresada, después de tres votaciones consecutivas, se entenderá denegada la propuesta, que se devolverá al órgano competente para que formule otra nueva".

La comisión permanente del Consejo tendrá ahora que proponer una nueva terna de candidatos, que ahora estará formada al menos por los mismos magistrados que concurrieron ayer en la votación final y los dos que quedaron fuera de la terna elevada al pleno, en este caso la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Auxiliadora Díaz, y el magistrado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Carlos de Millán.

A partir de ahora se tendrá que dirimir si finalmente los cinco candidatos vuelven de nuevo a ser evaluados por la comisión permanente del CGPJ o alguno de los aspirantes cede en sus pretensiones y renuncia a presentarse o termina respaldando a otro magistrado y se hace a un lado. Ayer, tras conocerse la noticia, ni Pedro Herrera ni Auxiliadora Díaz quisieron desvelar cuáles son sus pretensiones a partir de ahora, si bien hay que tener en cuenta que Herrera parte con una posición de fuerza, junto a Juan Luis Lorenzo Bragado, por ser uno de los dos candidatos más votados en el pleno celebrado ayer.

El pasado 4 de noviembre los cinco aspirantes presentaron sus propuestas para gobernar desde la judicatura el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Los programas partieron de un diagnóstico muy similar sobre la situación actual de la Administración de Justicia en las Islas, coincidieron en los objetivos básicos a corto y medio plazo, además de las estrategias y medidas a adoptar.

La potenciación de los juzgados contra la violencia de género, la mejora de la transparencia y la cercanía con los ciudadanos, el despliegue de la Oficina Judicial y la creación de la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife fueron algunos de los elementos más mencionados durante el test al que fueron sometidos.

En ese momento no había un claro favorito, si bien la comisión permanente terminó elevando al pleno a tres candidatos y dejó fuera a Auxiliadora Díaz y a Carlos Millán, éste último expresidente del Consejo Consultivo de Canarias.

Los cinco aspirantes recalcaron ante el CGPJ los problemas y carencias de la Administración de Justicia en las Islas: la necesidad de más medios materiales y humanos y la singularidad de trabajar en ocho territorios aislados. Canarias es la región con más litigiosidad, la que soporta el mayor número de denuncias por violencia contra la mujer y con la mayor cifra de asuntos pendientes.

La defensa de sus candidaturas estuvo marcada por un mensaje de necesidad de dar un impulso al TSJC con su modernización y una revisión de su funcionamiento, sobre todo dotándolo con más medios personales y materiales.

Todos coincidieron en resaltar los valores de transparencia, apertura al exterior, colaboración con las instituciones y con la Comunidad Autónoma, además de mejorar aspectos esenciales de la Administración de Justicia con una mayor dotación de las salas que componen el órgano judicial, la modernización y la informatización de los juzgados.