Los Juzgados de Arona son de los que más carga de trabajo sufren de toda España y, en especial, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Una de las razones que permiten entender esta realidad es que a la población residente del citado municipio y núcleos cercanos, hay que sumar los miles de turistas que llegan al sur de Tenerife para pasar sus vacaciones y, en algunos casos, traen consigo también asuntos que deben ser dirimidos en los juzgados durante su estancia en la Isla.
Esta es una de las razones que ha dado el fiscal delegado de Violencia sobre la Mujer en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez Jáuregui, en una entrevista en Radio Club Tenerife. La Memoria de la Fiscalía de 2018 viene a poner negro sobre blanco y con cifras la realidad que se registra en dicho juzgado en Arona.
En este documento, se señala que "debemos señalar la elevada carga de trabajo que lleva el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Arona, que despachó el pasado ejercicio un total de 338 juicios rápidos que calificaron los fiscales adscritos, otras 270 diligencias urgentes donde no se ejerció la acusación, y 22 procedimientos abreviados de las 455 diligencias previas incoadas, además de 74 señalamientos que se asignaron por delitos leves.
Más que los juzgados capitalinos
Estas cifras superan en cuanto a acusaciones a los dos juzgados de Violencia sobre la Mujer de la capital tinerfeña y casi igualan las cifras de estos y los procedimientos calificados por el Juzgado de Instrucción número 3 de La Laguna. En este sentido, El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Santa Cruz registró 140 juicios rápidos, mientras que el Juzgado número 2 contabilizó 144, y el Juzgado lagunero de Instrucción número 3 celebró 111 juicios rápidos.
De esta manera, entre un tercio y una cuarta parte de la carga de trabajo que registra el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Arona proviene de hechos en los que se encuentran incursos turistas extranjeros, por lo que la premura para su tramitación y las necesidades, como es el caso de intérpretes, hace que dicho trabajo sea aún más estresante.
Pero la carga de trabajo, que se solventa la mayoría de los días con el sobreesfuerzo de los funcionarios que trabajan en este órgano, tiene que vérselas con otro problema añadido: la falta de medios y de recursos que se dedican por parte de la Administración pública, lo que genera que esté "frecuentemente desbordado".
Por ello, desde la Fiscalía delegada contra la Violencia sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife vuelve a reiterar en la Memoria de 2019 (elaborada con datos del año pasado) la misma queja que en ejercicios anteriores: "La escasez de recursos con los que cuentan para una adecuada atención a las víctimas de la violencia machista". Ponen especial atención en la inexistencia en la provincia oriental de una unidad de valoración forense integral y la infradotación de la de Tenerife, lo que provoca que un informe pericial se retrase hasta un año, en la provincia de Las Palmas y entre seis y nueve meses en la de Santa Cruz de Tenerife.
La Fiscalía también denuncia que no hay aprobado un Protocolo Forense Integral en Violencia de Género que recoja la actuación integral o específica del equipo como tal, conformado por un médico, un psicólogo y un trabajador social. Este recurso, "es lógicamente escaso para atender la demanda de toda la Isla", lo que conlleva "el retraso" en los procedimientos penales en los que resulta imprescindible una valoración o un informe pericial de, por ejemplo, la presencia de indicadores psicosociales de violencia de género en la víctima relacionados con la denuncia, la existencia de sintomatología emocional (ansiedad, depresión) clínicamente significativa o de menoscabo psíquico asociado a la tipología de maltrato denunciado.
