C. S. deberá cumplir una condena de tres años de prisión, nueve meses de multa, así como devolver los cerca de cuatro millones de euros que defraudó a un empresario y dos entidades bancarias entre 2010 y 2011 después de que se acordara ayer una sentencia de conformidad en el juicio que contra él se iba a celebrar en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, un procedimiento penal en el que la Fiscalía solicitó en su escrito de calificación provisional que se condenara al acusado a una pena de seis años de prisión por la presunta comisión de un delito de falsedad en documentos públicos y mercantiles, cargos que el investigado reconoció ayer haber realizado.
La sentencia dictada ayer es firme y la misma recoge el modus operandi que siguió el ahora condenado entre 2010 y 2011 para llevar a cabo la estafa, cuya cuantía total se eleva a 3.963.363 euros.
El escrito señala que en julio de 2010, C. S. se personó en la oficina del Banco Español de Crédito para que esta entidad le adelantara el pago de 2.200.000 euros a cambio de un certificado de reserva de crédito emitido por el interventor del Cabildo de Tenerife pocos días antes. En dicho documento se le comunicaba al acusado la concesión de dicho crédito destinado a la compra de carritos de reciclaje. Este documento fue fotocopiado por la entidad para estudiar la solicitud, que finalmente fue denegada al comprobar la falsedad del documento elaborado por éste e incluyendo una firma a nombre del interventor.
Probar con menos cantidad
Como la operación anterior no cuajó, C. S. compareció en una notaría de Ávila el 30 de septiembre de 2010 para otorgar escritura pública de reconocimiento de deuda en favor de un particular a quien le entregó un pagaré de 27.000 euros que vencía el 27 de diciembre siguiente acordando en garantía del pago de la deuda la cesión de parte de los derechos de cobro que dicha entidad poseía frente al Cabildo de Tenerife por 45.000 euros reflejada en una factura falsificada. En este caso, el condenado imitó las firmas del interventor, tesorero y el ordenador de pagos de la Corporación insular. Dicho crédito no existía.
A finales de diciembre, el acusado volvió a ceder a la misma persona el derecho de crédito que tenía frente a la misma institución por un importe de 65.268 euros, supuestamente para el suministro de 444 papeleras de reciclaje. También imitó las firmas de los tres responsables de caja del Cabildo y falsificó los sellos de entrada y salida del Cabildo. Tampoco este crédito existía.
Confiado de que este era el camino más fácil para estafar grandes cantidades de dinero, no dudó en contactar con A. F. D., solvente y reconocido empresario de la Isla, a quien con el mismo ánimo de enriquecerse ilícitamente a costa del patrimonio ajeno, le explicó que "había inventado una papelera urbana clasificadora de reciclaje" y le enseñó un certificado de reserva de crédito del Cabildo de Tenerife -el mismo que presentó al Banco Español de Crédito- de 2,2 millones con el que la institución insular le compraría 100.000 cubos de reciclaje.
El condenado pretendía constituir una sociedad para elaborar, importar, exportar, comercializar y distribuir mercancías relacionadas con el reciclaje y la clasificación de residuos. La sociedad se constituyó con un capital de 3.010 euros y 3.010 participaciones, a dividir entre ambos, aunque A. F. M. quedó como administrador único.
El acusado convenció a A. F. D. de que tenía contactos en diferentes administraciones públicas, por lo que el empresario le otorgó poderes para realizar trámites de gestión, contratos y financiación para proveedores. Como la empresa no tenía fondos para financiar el proyecto, se firmó un contrato privado en el que A. F. M. y su esposa, E. D. G., en representación de la entidad, se obligaban a prestar las cantidades necesarias que a la empresa le hicieran falta para iniciar la actividad.
El 'anzuelo'
Convencido el matrimonio de que el negocio podía ser un filón, el acusado elaboró un documento en el que se anunciaba la adjudicación definitiva de un contrato de suministro de papeleras urbanas de reciclaje que estaría firmado por el consejero de Economía y Hacienda del Cabildo tinerfeño en aquella época a favor con un importe de 687.000 euros más 34.350 euros de IGIC y un plazo de entrega de la mercancía de 10 meses; otro documento similar al anterior pero con un importe de 3.150.000 euros más 157.000 euros de IGIC, así como notificaciones de fechas distintas y con imitaciones de la firma del jefe de Contratación de la citada Consejería sobre adjudicaciones de contratos de suministro de cubos de reciclaje para varios ayuntamientos por un importe que superaba el millón de euros, notificaciones que tenían los sellos del Gobierno de Canarias.
A. F. D., creyendo la veracidad de los documentos que C. S. le había mostrado, firmó un contrato de fabricación y suministro de moldes de cubos de reciclaje. El empresario hizo grandes inversiones de dinero no solo para fabricar cubos, contrató personal y pagó al condenado por sus supuestas gestiones.
Además, el acusado le entregó otro documento sobre la adjudicación por el Cabildo de Lanzarote de un contrato de suministro de cubos que se elevaba a 768.421 euros.
A. F. D. fue con C. S. a una entidad bancaria con los documentos del Cabildo de Lanzarote para firmar un contrato de factoring mediante la cesión de los derechos de crédito. Más tarde, el acusado entregó la autorización de endoso de la factura, razón y aprobación con firma falsa de los responsables del Cabildo. El banco traspasó 401.032 euros.
Con el mismo modus operandi se presentó en otro banco para formalizar un nuevo contrato de factoring, esta vez por valor de más de medio millón de euros y con cargo a créditos del Gobierno de Canarias.
Todo se desmoronó cuando los bancos comunicaron A. F. M. que todos los documentos de adjudicación y créditos de las administraciones entregados por C. S. eran falsos.
