La Fiscalía y la acusación particular solicitan cinco años y seis meses de prisión para un joven, natural de Santa Úrsula y residente en el barrio aronero de El Fraile, como presunto autor de un intento de agresión sexual a una chica de 21 años, con un 41% de discapacidad, y a la que llevó engañada hasta el lugar de los hechos. Además, le reclaman 15.000 euros por daños morales. La defensa pide la libre absolución. En todo momento, la víctima se resistió de forma activa a dicho individuo, tanto verbal como físicamente. De esa manera, el ahora procesado no logró su objetivo de penetrarla vaginal o analmente.

Los hechos ocurrieron en julio del año 2017. Después de dejar a un hermano con una tía, la joven se dirigió a una parada de guaguas de Cabo Blanco. Como cada mañana, se dirigía a su puesto de trabajo, en un restaurante situado en el polígono industrial de Las Chafiras. En un determinado momento, el ahora acusado, identificado como D.M.L., pasó en un Renault Express de color blanco. Ambos se conocían desde que eran niños en Playa San Juan. Pero desde aquella época infantil ambos habían coincidido muy pocas veces y no tenían relación alguna. Una vez, ambos intercambiaron teléfonos al encontrarse en un supermercado. Pero la afectada niega que tuviera algún tipo de comunicación con el mismo. A pesar de los consejos que su madre le había dado en numerosas ocasiones para que no se subiera con desconocidos o conocidos en un vehículo, la joven, que padece retraso en su proceso de madurez, accedió a ir con el citado conductor.

El implicado se ofreció a llevarla hasta Las Chafiras. Sin embargo, una vez que llegó hasta el barrio de Guaza, no se dirigió a la citada zona industrial de San Miguel de Abona, sino que acudió hasta su casa, en El Fraile, con la excusa de que tenía que recoger "algo".

Una vez allí, el individuo la invitó a pasar a un garaje acondicionado como vivienda. Como la chica se negó, D.M.L. la agarró por el brazo para introducirla en el domicilio. Después, la besó en el cuello y le dijo frases como "me tienes cachondo" o "me tienes loco". La joven le insistía en que no quería tener nada con él, que la dejara en paz y que lo iba a denunciar por lo que estaba haciendo. Y finalmente la tiró sobre un sofá marrón. En el mismo, según relató la víctima, le bajó el pantalón y la ropa interior con el objetivo de agredirla sexualmente. Pero la afectada no paró de moverse en todo momento. Como no logró su objetivo inicial (penetrarla por la vagina), la giró y trató de forzarla analmente. A pesar de sus intentos, la oposición de la afectada continuó y, debido a su elevada excitación, acabó eyaculando en las nalgas y cerca del ano. La perjudicada manifestó que, después, "salí corriendo y no miré atrás". Pasados unos minutos, llamó a una tía y su madre acudió a recogerla hasta El Fraile. El semen del acusado fue hallado en la ropa interior y el cuerpo de la chica, según quedó acreditado ayer en el juicio. La progenitora llevó a su hija al centro de salud de Los Cristianos y, seguidamente, hasta las instalaciones de Hospiten Sur, en Las Américas. En ese lugar, a la víctima se le recogió testimonio por parte de un cabo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la comarca. Ayer, la afectada aseguró que ha llegado a intentar suicidarse en su casa y que necesita de tratamiento psiquiátrico en la actualidad. Además, tiene miedo, desconfianza y pesadillas, por lo que necesita medicación para conciliar el sueño.

La madre de la afectada reconoció que el retraso que padece su hija le hace ser más infantil que el resto de jóvenes de su edad y, por ejemplo, confía en exceso de otras personas.

El agente del Instituto Armado que instruyó el atestado explicó ante el Tribunal de la Sección VI que la afectada cuando prestó la declaración inicial "estaba nerviosa, llorando, la conducta habitual en una víctima" de este tipo y "su relato es coherente". En un intercambio de información con la médico forense, esta profesional le confirmó que la joven había sido forzada.

Este cabo explicó que la propia afectada le aportó datos personales, el lugar de residencia, el coche o la red social en la que se podía localizar al ahora procesado.

Dos peritos del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife explicaron por videoconferencia que en la víctima apreciaron que sufrió ansiedad, depresión y estrés postraumático. Si el nivel de corte para apreciar este último parámetro es de 75, en la perjudicada se halló un nivel de 107, lo que fue calificado como "muy elevado" por dichas profesionales.

En escrito de conclusiones, la fiscal indicó que la víctima "no ha tenido más parejas" desde que ocurrió el suceso, tiene miedo a que le vuelva a ocurrir y piensa que se lo va a encontrar otra vez en su puesto de trabajo. La representante del Ministerio Público recalcó que dicho episodio ha sido calificado por la joven como "lo más grave que le ha ocurrido en su vida". Apuntó que el relato de la chica es "coherente y consistente" en lo esencial, así como que no ha intentado hacerle daño a la otra persona. Aclaró que la afectada está en el "límite de la normalidad", aunque no tiene problemas en su actividad laboral ni para decidir voluntariamente cuándo desea mantener relaciones sexuales, ya que, antes del intento de agresión sexual, había convivido con una pareja.

La defensa: "Fueron relaciones consentidas"

La abogada de la acusación particular (que representa a la joven) explicó que la prueba de cargo está en la declaración prestada por la víctima ante los tres magistrados, pues se mostró "clara y espontánea". En casi todos los elementos del hecho, el testimonio de la afectada coincidió con el relato planteado por la fiscal. Dicha letrada, Desirée Requena, recordó que no existía una relación previa con el procesado que la hiciera tener animadversión hacia D.M.L. Además, señaló que la joven, según la declaración de las peritos forenses, sufre estrés postraumático. Recordó que el ADN del procesado apareció en el cuerpo y en la ropa interior de la entonces vecina de Cabo Blanco. Y se remitió a la manifestación del cabo del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil, que planteó que el relato de la afectada fue "claro y consistente". La abogada de la defensa propuso la anulación de toda la instrucción de este asunto, ya que el auto emitido para realizar el informe fotográfico en la vivienda donde ocurrieron los hechos no contenía los argumentos para practicar dicha prueba. Los investigadores del Instituto Armado señalaron que para acceder a tomar las fotografías obtuvieron el permiso del ahora acusado y que en ese instante el presunto autor no estaba acompañado por un abogado. Además, en su escrito de conclusiones la letrada defensora defendió que las relaciones sexuales existentes entre las partes "fueron consentidas". Además, discrepó con la fiscal y la acusación particular, al indica que la declaración de la perjudicada no había sido sólida ni consistente. Y citó algunas de las supuestas contradicciones en las que incurrió la víctima. Entre otros argumentos, esgrimió que la joven que sufrió el intento de agresión sexual no había seguido un seguimiento constante por parte de psicólogos y psiquiatras desde que ocurrieron los hechos hasta el momento. Además, hizo constar que su defendido no había amenazado de muerte a la joven, ni que utilizó la violencia para poder tener relaciones sexuales. El caso quedó ayer visto para sentencia.