Catorce personas serán juzgadas desde el próximo lunes por presuntamente favorecer la entrada de mujeres desde Nigeria con el objetivo de que ejercieran la prostitución en España. Para ello, las obligaron a viajar desde África hasta Europa en condiciones precarias y después ejercieron un férreo control sobre las mismas. La Fiscalía solicita penas de prisión que suman 175 años en total para los implicados, tanto hombres como mujeres. De forma individual, para siete de los acusados el representante del Ministerio Público pide 15 años de privación de libertad, mientras que para los restantes la demanda de condena es de 10 años.
El fiscal considera que los principales procesados son responsables de tres delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en concurso medial con otras tres infracciones penales de prostitución coartiva, así como un delito de favorecimiento de la inmigración irregular.
En su escrito de calificación, el representante del Ministerio Público asegura que los presuntos autores se concertaron desde el 2015 para obtener un beneficio ilícito mediante la explotación sexual de compatriotas nigerianas. A las afectadas las ayudaban a venir a España vulnerando todos los requisitos administrativos del cruce de fronteras. Mediante llamadas telefónicas o con intermediarios en dicho país subsahariano, los responsables de la organización ofrecían a las víctimas la posibilidad de venir a España para trabajar y mejorar sus condiciones de vida. Tras practicarles rituales de vudú para garantizar el abono de la deuda, les organizaban el viaje a este país. Según el relato de las mujeres perjudicadas, salían desde Libia en embarcaciones precarias y llegaban hasta Italia. Después las llevaban a Madrid, para después ser distribuidas entre Tenerife o Benidorm. Entonces les recordaban que habían contraído una deuda de 30.000 euros, que debía ser saldada mediante la práctica de la prostitución. Y eran amenazadas si se negaban a ello. La investigación desarrollada por agentes de la Policía Nacional permitió saber que la organización llevó a cabo su actividad, al menos, desde finales del 2015 hasta octubre del año siguiente.
Las diferentes tareas de la red estaban perfectamente repartidas, según consta en el escrito del fiscal. Las mujeres procesadas se encargaban de coordinar los traslados de las víctimas y se transferían entre ellas su control, a la vez que les cobraban la referida deuda.
En otros casos, algunos hombres se encargaban de ir a buscar a las afectadas a Italia y trasladarlas a España. Una vez en Madrid, las jóvenes eran alojadas en dos viviendas situadas en Torrejón de Ardoz.
En algunas ocasiones, varios implicados tramitaban las solicitudes de asilo de las víctimas para evitar que la explotación sexual fuera detectada por los cuerpos de seguridad, así como que se descubriera la vinculación entre las afectadas y las ahora acusadas.
Según los agentes que llevaron a cabo las pesquisas, al menos seis mujeres fueron traídas y prostituidas en España por los procesados. La instrucción de este asunto fue realizada por el Juzgado número 1 del partido judicial de Arona. Según consta en la declaración inicial de una de las víctimas, después de llegar a Tenerife en diciembre del 2015, fue trasladada a una vivienda del barrio de El Fraile. Días después fue llevada a otra casa de dicho pueblo costero donde había otras compatriotas, bajo el férreo control de una de las personas implicadas. Hasta tal punto era así que esta joven no tenía llave del referido inmueble y únicamente salía del mismo para ejercer la prostitución.
Entre marzo y mayo del año siguiente, fue llevada a Madrid, donde fue alojada en un piso de la organización. Y una vez en la capital española, la trasladaron a una oficina de extranjería para renovar la documentación de su asilo en el país.
