Más de un centenar de doctorandos, 120 para ser exactos, contratados por la Universidad de La Laguna (ULL) llevan siete meses sin percibir el salario que les corresponde por ley. La mitad de ellos cobrará en esta mensualidad -la de noviembre- tanto el aumento que les corresponde como las cantidades que se han ido acumulando desde marzo. Para la otra mitad, la Universidad espera poder resolver su situación antes de que finalice el año. Pero los jóvenes investigadores que culminan su contrato en enero temen que la subida salarial no llegue a tiempo y no puedan recibir la prestación por desempleo que les corresponde.
El 16 de marzo, el Gobierno estatal publicó el Estatuto de personal investigador predoctoral en formación (EPIPF), poniendo patas arriba el panorama de las universidades, ya que la normativa no venía acompañada de una ficha financiera. En el texto se aprobaba una subida salarial para todos los investigadores predoctorales de España, a partir del tercer año de contrato. El texto del Real Decreto 103/2019 deja claro que "la retribución de este contrato no podrá ser inferior al 56% del salario fijado para las categorías equivalentes en los convenios colectivos de su ámbito de aplicación durante los dos primeros años, al 60% durante el tercer año, y al 75% durante el cuarto año".
El Ministerio de Ciencia, con el fin de poder acometer la subida salarial y al no poder presupuestar -debido al parón político que atraviesa el Ejecutivo estatal-, dejó en manos de las universidades el adelanto de este incremento salarial. Para la ULL, esto ha significado un desembolso más de 200.000 euros, según constató el vicerrector de Investigación, Ernesto Pereda, lo que les ha obligado a "buscar financiación" en distintos lugares, ya que no podía salir del capítulo uno de su presupuesto.
Concretamente, la financiación ha tenido que partir del capítulo seis, es decir, los fondos de investigación, que cuentan con un presupuesto que asciende a un millón y medio de euros. La solución ha tenido dos vertientes: recortar en "algunas acciones previstas" y "buscar fondos a través de los servicios centralizados y los reservados para otras acciones". La Universidad cuenta con tres tipos de contratados predoctorales: los del Plan Propio de Investigación, los del Gobierno de Canarias y los del Ministerio de Ciencia. Para los primeros, la universidad está obligada a sufragar el coste de la modificación de salario, algo que afecta a unos 35 investigadores. De hecho, ellos ya tienen el salario ajustado, como explicó Sara Marrero, vocal de la Asociación de Jóvenes por la Investigación de Tenerife (Jinte), pero "no han percibido la parte de su salario que les corresponde desde marzo". Una situación que, como remarcó Pereda, se solucionará "en la nómina de noviembre, cuando ya podrán cobrar con los atrasos".
La universidad a cargo de todos
Para los contratados por el Gobierno de Canarias, a través del programa de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), la universidad también quedaba encargada de actualizar los salarios. El problema es que actualmente la Administración ya ha realizado la transferencia a la ULL, pero los investigadores aún no han sido siquiera llamados a firmar las adendas. Los últimos son los contratados por el Ministerio de Sanidad, otros tantos cuyas nuevas nóminas deberá sufragar la propia universidad. En este caso, sin embargo, la ULL solo tiene el compromiso verbal del ministerio para la devolución de la cantidad aportada.
"La ULL es una de las pocas universidades que se ha comprometido a acometer esta regularización", afirma Pereda, que recuerda que seis universidades en toda España han llevado el real decreto al Tribunal Supremo porque "entienden que no se puede imponer a las universidades este incremento de nóminas". Esta fue, de hecho, una de las soluciones a las que se llegó en una reunión extraordinaria de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), convocada inmediatamente después del anuncio del Gobierno estatal para determinar cómo se debía llevar a cabo dicho aumento. En este sentido, el vicerrector insiste en que "desde julio se ha trabajado en los procedimientos y en buscar el dinero necesario de fondos de investigación" porque para la institución académica "es una prioridad". Pero el trámite administrativo, que en principio parecía ser "cosa de unos meses", se ha complicado.
Según constató la Asociación de Jóvenes por la Investigación de Tenerife (Jinte), la baja de paternidad de la persona encargada de gestionar los trámites, ha mermado la capacidad de la universidad para hacer frente a esta situación que no estaba prevista en los presupuestos. A esto se une que las modificaciones de contrato se tienen que hacer de manera individual, lo que supone multiplicar por cien cada trámite. "La subida no es igual en todos los años de contrato y teníamos que saber en cuál estaba cada doctorando", explicó Pereda.
La justificación no convence
Pero las justificaciones de la ULL sobre la tardanza con la que se ha acometido esta gestión no han convencido a los doctorandos, que, bajo la representación de Jinte, han denunciado públicamente y por redes sociales el retraso, para ellos injustificado, de siete meses. Un contratiempo que se une, a su vez, a que los que culminan ahora su contrato no podrán percibir el subsidio por desempleo ajustado al que debería ser su salario real.
"El pasado mes de julio el Consejo de Gobierno de la ULL adoptó el acuerdo para hacer efectiva la actualización de salarios, pero a día de hoy continúan sin percibir dicho incremento ni el de los meses pasados", denunció la asociación. Para el personal investigador predoctoral, esta situación emana de la "lentitud e inacción" de la universidad, que les ha transmitido sus dificultades para acometerlo "aludiendo a la falta de personal para su gestión".
