Los padres de un joven de 23 años fallecido en enero de 2018 por asfixia tras sufrir un tromboembolismo pulmonar acusan al Summa 112 de no activar el protocolo adecuado, al no haber enviado una UVI móvil desde la primera llamada, y de falta de humanidad. La familia inicia una reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración Pública frente al Servicio Madrileño de Salud (Sermas), pero se está planteando recurrir a la vía penal después de haber recibido la semana pasada los audios de las cinco llamadas al 112 que fueron reclamados poco después de la muerte del joven, Aitor.
En una rueda de prensa celebrada ayer por la Asociación el Defensor del Paciente se escuchó la grabación de la primera llamada y se puso a disposición de los medios de comunicación el resto de los audios, que tal y como advirtió antes de la escucha el abogado de la familia, Carlos Sardinero, son "muy impactantes". No obstante, los audios facilitados por el Summa 112 están incompletos, ya que excluyen conversaciones con los operadores del Summa que recaban los datos antes de pasar la llamada al médico y que el abogado considera "muy importantes, porque es el primer contacto en el que los padres explican coherentemente cuál es la situación de su hijo".
En el primer audio la madre de Aitor, Carmen Ruiz, comunica al médico que ha oído cómo su hijo se caía y, al acudir a verle, se lo encontró "con un sudor enorme" y que dice que no puede respirar. El médico pide a Carmen que le pase el teléfono a su hijo y ella le responde que él no puede hablar e insiste en que dice que no puede respirar. Con rudeza, el médico insiste en que le pongan al chico al teléfono y este con dificultad le dice que se ahoga, a lo que el facultativo le responde que no le oye que se ahogue. Ante las preguntas del médico, Aitor responde: "no puedo, me ahogo".
"Van a ir a verle"
El médico termina la llamada después de hablar con la madre, a la que le dice que su hijo "respira perfectamente". "Irá un médico a verle pero él respira. Venga, hasta luego. Parece que está más bien tocado de algo, no sé... van a ir a verle, hasta ahora", concluye.
La primera llamada se produce a las 11:56 horas del 14 de enero de 2018, domingo, y la ambulancia llega a las 12:27 horas, según indicó el padre de Aitor, Bartolomé García. "Es lamentable que esta gente se permita el lujo de llegar cuando les da la gana", señaló, al tiempo que precisó que su domicilio se encuentra a 10 kilómetros del Hospital Rey Juan Carlos. "Nos dejaron abandonados, todo por una persona que no atiende una llamada de emergencia, que no nos trata como es debido", manifestó García, quien cree que su hijo "posiblemente habría podido salir adelante" pero "no le dieron una oportunidad". La madre explicó que su hijo entró en parada cardiorrespiratoria nada más colgar la primera llamada, tras la que se produce otra en la que el médico que responde, que según el abogado y la familia es otro diferente al de la primera, le da instrucciones al padre para hacer la reanimación cardiopulmonar. No obstante, entre las dos llamadas los padres de Aitor marcan el 112 y se corta, según indicó Ruiz, quien detalló que primero llegó la Guardia Civil, luego una ambulancia no medicalizada y al final una UVI móvil. Antes de llegar al hospital, Aitor sufre otras dos paradas y después queda ingresado en la UCI durante cinco días antes de morir. Sardinero dijo que si desde el principio hubieran enviado una UVI móvil y considerado la atención como una "emergencia" en vez de una "urgencia", ya que se trataba de una "emergencia vital", se hubiera ganado "mucho tiempo". "Si le hubieran reanimado esa asfixia no hubiera producido el daño cerebral que le lleva al fallecimiento, por eso estamos reclamando", apostilló. El abogado de Carmen y Bartolomé aclaró que no reclaman una indemnización, sino que se valore con justicia la realidad de los hechos que han ocurrido, ya que desde el Sermas, asegura Sardinero, sostienen que la actuación fue ajustada al protocolo y las guías de actuación. En ese caso, "lo que dice la familia es que hay que cambiar esas guías y protocolos porque están obsoletos", agregó.
Invertigación de Sanidad
La Consejería de Sanidad madrileña abrió una investigación para revisar el caso de Aitor. En los pasillos de la Asamblea, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, explicó que la investigación se inició hace escasas fechas cuando el abogado de la familia del joven presentó una reclamación patrimonial a la Comunidad de Madrid, por vía administrativa, por la muerte del chico. Ruiz Escudero lamentó "profundamente" este caso "triste y dramático". La Comunidad de Madrid activó la vía administrativa para determinar cómo fue la actuación del profesional del Summa 112, detalló Ruiz Escudero. Indicó que "lo que hay que hacer es escuchar la transcripción y ahí que se valore realmente si se ha procedido" conforme a los protocolos.
