La Fiscalía Provincial de Las Palmas pide cuatro años de prisión para una cuidadora que estafó a su paciente de 81 años en Vecindario tras aprovecharse de que la víctima no sabía leer, escribir y padecía de una enfermedad que le tenía mermadas sus capacidades motoras.

Los hechos se remontan a mayo de 2014, cuando la acusada Eva María M. R., comenzó a trabajar como cuidadora del afectado en la vivienda de este ubicada en Vecindario . La acusación pública reseña que la investigada "con evidente ánimo de enriquecimiento ilícito" y tras ganarse la confianza del perjudicado "consiguió convencerle" para que firmase un contrato de préstamo entre particulares a favor de ella cuyo importe era de 40.500 euros que serían amortizados durante un periodo de diez años cuya fecha es de 9 de mayo de 2014.

La víctima desconocía el contenido de dicho documento según manifiesta el escrito de acusación del Ministerio Fiscal. Además, la mujer continuó con "su argucia" y logró que el perjudicado la designara como autorizada para realizar gestiones en su cuenta bancaria el 12 de mayo de 2014.

Una vez que obtuvo el poder para realizar movimientos bancarios, aprovechó para sustraer diversas cantidades de dinero "sin consentimiento" de la víctima. De esta manera, en tres transacciones ejecutadas entre el 12 y 19 de mayo del mismo año, Eva María M. R., sacó un total de 3.100 euros.

El hombre fue ingresado en el Hospital Insular Hospital Insular de Gran Canaria desde el 20 de mayo hasta el 10 de junio de 2014, por lo que la acusada según la fiscalía, "aprovechó el cuadro de desorientación, episodios de confusión y la dificultad para hablar" que presentaba el afectado para retirar de la cuenta bancaria del perjudicado un total de 11.500 euros en varias transacciones.

Asimismo, el 11 de junio la investigada traspasó 37.500 euros desde la cuenta de la víctima a la de ella y sustrajo 2.000 euros. Al día siguiente retiró otros 2.000 euros de la cuenta bancaria del afectado. La procesada logró de esta forma obtener una suma de 56.100 euros sin el consentimiento del perjudicado.

La fiscalía califica los hechos como un delito de estafa y pide cuatro años de prisión para la encausada, además requiere que se le imponga una multa de 7.200 euros. En cuanto al concepto de responsabilidad civil, el fiscal interesa que la procesada indemnice al afectado con un importe de 56.100 euros.