El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, solicitó ayer en Santa Cruz de Tenerife que los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y las policías locales comiencen a llevar los casos positivos por consumo de drogas en conductores al ámbito penal, algo que hasta ahora no se produce, ya que no se habían fijado los criterios para iniciar un proceso judicial de ese nivel.
Así lo pidió durante un encuentro de trabajo desarrollado en el salón de actos del edificio Usos Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife, en el que tomaron parte diferentes agentes y mandos de varios cuerpos de seguridad, la fiscal jefe de la provincia, Carmen Almendral; el fiscal delegado, Juan González Casanova, y el fiscal decano de La Palma, Francisco Vidal. Vargas planteó la necesidad de reducir la impunidad que existe en la conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes.
El fiscal señaló que en una directiva del 18 de julio se especifica en que supuestos deben derivarse a la vía penal estas situaciones. De forma concreta, así se podrá hacer si la prueba de saliva tomada inicialmente por agentes municipales o guardias civiles de Tráfico se ratifica por un laboratorio acreditado, así como los funcionarios detecten los signos de afectación por el consumo en el conductor.
Subida en 'maría' y cocaína
Vargas explicó que se ha producido un incremento en el consumo de marihuana o cocaína entre las personas que van al volante. Respecto al cannabis, por ejemplo, aclara que causa una significativa afección a la visión, lo que puede derivar en que aumenten las probabilidades de sufrir accidentes de gravedad. El fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial apunta que, hasta ahora, aquellos ciudadanos que conducen tras haber consumido estupefacientes reciben una sanción administrativa de 1.000 euros como máximo.
El representante de la Fiscalía apuntó que, a través de la vía penal, el objetivo es que los conductores que circulen bajo la influencia de drogas puedan recibir condenas de multas, trabajos en beneficio de la comunidad e, incluso, ingreso en prisión. Además, que su acción conlleve la privación del permiso de circulación entre uno y cuatro años. En el encuentro desarrollado ayer, manifestó ante los funcionarios presentes que hay que actuar con más firmeza estas situaciones, así como que "España está en fuera de juego en la persecución de este tipo de delitos", en la medida que en otros aspectos está muy bien situada en las actuaciones sobre seguridad vial. Hasta ahora se han desarrollado experiencias piloto en provincias como Sevilla y Murcia.
Aseguró que en el municipio de Arona se han llevado por la vía penal hasta ocho casos y ya ha habido dos sentencias condenatorias por conformidad. En la "junta de coordinación" desarrollada a partir del mediodía, también se planteó la necesidad de actuar más contra la falsificación de permisos y una mayor persecución de la conducción temeraria.
Un mando de la Policía Local de La Laguna planteó en la reunión la necesidad de que por parte de la Academia Canaria de Seguridad se impulsen cursos específicos para agentes municipales sobre seguridad vial.
Una iniciativa "fundamental"
A Bartolomé Vargas le pareció que esta iniciativa resulta fundamental, con el fin de que el funcionario que instruya un atestado pueda acreditar su preparación ante la autoridad judicial durante un juicio, por ejemplo. Según el fiscal coordinador de Seguridad Vial, ya existe un nuevo delito "por abandono del lugar del accidente, aunque la lesión no sea grave y otras personas ya estén atendiendo a la víctima".
Para que se pueda aplicar dicha infracción penal a un conductor basta con que el herido tenga que recibir varios puntos de sutura y el infractor se marche antes de que lleguen los "agentes de Tráfico", tanto de la Policía Local como de la Guardia Civil. Vargas apuntó que el citado delito puede conllevar penas más graves que las correspondientes a la omisión del deber de socorro. El representante de la Fiscalía indicó que con la desaparición de las faltas, han desaparecido un millón de procesos de seguridad vial de los juzgados.
