Desde Intersindical Canaria denuncian que "las medidas de la Consejería de Derechos Sociales han propiciado una enorme desorganización y caos, tanto a nivel organizativo como de gestión de los servicios públicos y de las ayudas".
IC denuncia que tras el cambio de gobierno "se ha paralizado la gestión de muchas prestaciones sociales con la orden a los auxiliares administrativos para no realizar tareas que desarrollan hace más de quince años". En la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), con unas 10.000 solicitudes, " hay un retraso de unos 40 expedientes diarios".
Además, "más de 600 de renovación desde abril siguen sin incluir en la nómina, unas 1.000 solicitudes nuevas sin estudiar desde julio, reanudaciones sin resolver desde mayo y 600 recursos pendientes".
