La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias establece un nuevo modelo para la financiación de las entidades del tercer sector que gestionan servicios esenciales. Para ello, la próxima semana sacará a consulta pública el informe justificativo previo de la iniciativa reglamentaria reguladora del concierto social. Este nuevo sistema de financiación se basa en conciertos de carácter plurianual, lo que asegura la continuidad de los programas y la prestación de los mencionados servicios básicos.
Según explica el director general de Derechos Sociales, Jonás González, "este trámite inicia el proceso reglamentario que permitirá a las administraciones públicas realizar acuerdos con las entidades del tercer sector, garantizando su financiación lo que asegura continuidad de los proyectos y la estabilidad laboral del personal técnico que los gestiona, lo que entendemos repercutirá positivamente en la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía".
Hasta la fecha, y ante la falta de regulación, muchos de los servicios básicos prestados por entidades del tercer sector se venían financiando por la vía de las subvenciones nominales y aquellas recibidas en el ámbito general. "El objetivo es avanzar en el desarrollo normativo de la atención social, asegurando los servicios, dando estabilidad a los mismos y a su personal, así como garantizando la calidad y los derechos de las personas. Todo ello basado en los principios de transparencia y libre concurrencia de las entidades sociales que quieran optar a prestarlos", aclara el director general de Derechos Sociales.
Invitación a participar
Jonás González realiza una invitación a toda la ciudadanía, entidades sociales, etcétera, a participar durante el proceso de exposición pública con el objeto de enriquecer el texto definitivo. Para el desarrollo de esta iniciativa, el departamento de Derechos Sociales ha creado una subcomisión técnica en la que se ha contado con multitud de aportaciones de las diferentes entidades sociales que están trabajando codo con la administración pública en el desarrollo normativo de la Ley de Servicios Sociales.
La entrada en vigor de esta normativa a nivel autonómico establece que las prestaciones y servicios contenidos en el catálogo son un derecho subjetivo, y por tanto reclamable, que las administraciones públicas deben garantizar en todos los casos.
Distribución del 0,7%
El Gobierno de España autoriza la distribución de 214,5 millones de euros a las autonomías para subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF. Estos fondos se reparten entre las 17 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, para que los destinen a financiar mediante subvenciones finalistas programas de interés social dirigidos a la atención a la pobreza y la exclusión social. La distribución se ha hecho en función de los criterios que acordaron por unanimidad el Ministerio y las comunidades en el Consejo Territorial. El Consejo de Ministros autoriza la cantidad que corresponde al 81,14% de los fondos obtenidos a través de la recaudación en la declaración de la renta 2018. Son 11,8 millones más que el año pasado debido al aumento de la recaudación y del porcentaje de participación de las autonomías (en 2018 se repartió el 80,44% del total).
