La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha la Oficina para la Defensa del Alumnado de Canarias (ODFA), un órgano de la administración educativa que se encarga de velar por el respeto de los derechos de los alumnos y alumnas no universitarios de Canarias.

Se trata de un órgano no ejecutivo, independiente en su actuación, cuyas recomendaciones y propuestas no tienen, por tanto, carácter vinculante. En este sentido, se encarga de efectuar un seguimiento del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las alumnas y alumnos; de atender, tramitar, canalizar y contestar a las peticiones, quejas y reclamaciones presentadas por el alumnado o sus representantes legales, en relación a estas cuestiones; y colaborar con la Agencia Canaria de Calidad y Evaluación Educativa (ACCUEE) para la elaboración y aplicación de los criterios e indicadores del seguimiento y evaluación del ejercicio de los derechos y grado de cumplimiento de los deberes del alumnado.

Otras de sus funciones son informar a los estudiantes, padres, madres o tutores legales, así como a los centros docentes, confederaciones, federaciones o asociaciones de alumnado y de madres y padres, legalmente establecidas, de los trámites necesarios para presentar dichas peticiones, quejas o reclamaciones; fomentar la participación activa del alumnado en los órganos que le representan; y elaborar informes, recomendaciones, propuestas, recordatorios y advertencias dirigidas a la Administración educativa para corregir posibles deficiencias sobre el respeto de los derechos de las alumnas y alumnos y el cumplimiento de sus deberes.

Además, se encarga de informar a la Inspección educativa sobre casos que puedan suponer un incumplimiento grave de los derechos del alumnado, puedan ser constitutivos de una posible infracción penal o vulneren seriamente el interés superior de los menores de edad, aunque no se haya recibido escrito o queja al respecto.

En consecuencia, la Oficina para la Defensa del Alumnado de Canarias admite a trámite y gestiona las consultas sobre los derechos del alumnado y las peticiones y reclamaciones acerca de su incumplimiento, haciendo un seguimiento de las mismas hasta la elaboración de un informe al respecto, que se presenta al órgano competente de la Administración educativa. También estima o desestima las peticiones de información y documentación de personas interesadas sobre estos asuntos; media en la resolución de conflictos entre el alumnado y cualquier otro miembro de la comunidad educativa, tanto de forma directa, como indirecta, es decir, asumiendo la remisión del asunto a los órganos administrativos pertinentes: inspección educativa, equipo de mediación del centro, etc; y ejerce como canal de comunicación entre todos los agentes implicados en la educación del alumnado (familias, asociaciones del alumnado, administración educativa, Consejo escolar, etc.)

Se crean dos Oficinas, una por provincia, cuyos responsables son dos docentes de Educación Secundaria y Bachillerato, ambos de la especialidad de Filosofía, con el perfil adecuado para visibilizar esta figura en los centros escolares, contribuir a la resolución consensuada de conflictos, defender los derechos del alumnado e incentivar la participación del alumnado en los centros escolares, creando redes y sinergias de actuación.