La Fiscalía de Alcalá de Henares, con jurisdicción en los Juzgados de Torrejón de Ardoz, solicita una condena conjunta de 103 años de prisión para los 22 acusados por maltrato animal y organizar peleas de perros en Canarias, Madrid, Murcia, Almería, Alicante y Málaga. Ocho de los procesados fueron detenidos en Tenerife, donde la acusación popular personada en la macrocausa y que representa a Podemos reclama una condena muy superior para los implicados en la Isla, solicitando que se les imponga una pena de 104 años de prisión, así como una cuantiosa indemnización por los gastos asumidos por las protectoras de animales que se tuvieron que hacer cargo de los perros tras el desmantelamiento de la red.

En el escrito de calificación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EL DÍA, se imputa a los 22 procesados de delitos de pertenencia a organización criminal, un delito continuado de maltrato animal -con aplicación en distintos grados, según la participación de cada uno de los acusados-, así como un cargo por omisión de la obligación de perseguir delitos por el que se investiga a F.C.G., policía local de Adeje y hombre de confianza del líder de la organización en la isla de Tenerife, E.P.C.

La diferencia entre las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal y la representación de la acusación popular estriba en que para la Fiscalía se ha producido un delito continuado de maltrato animal, mientras que para la letrada de la formación morada, los hechos que se van a enjuiciar constituyen delitos individuales de maltrato por cada uno de los animales torturados o muertos, según afirmó ayer la exconsejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife, Mila Hormiga.

Hormiga destacó también que "dentro de los intereses que defendemos en esta causa, en la que nos personamos desde el minuto uno, están las indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil que deberán asumir los acusados en el caso de que sean finalmente condenados".

En este sentido, "deberán pagar los costes a los que hicieron frente las asociaciones que se hicieron cargo de los animales rescatados, especialmente Adepac y Fecapap, que son las protectoras canarias que han estado soportando los gastos de mantenimiento y cuidado de los animales requisados en Tenerife, y que aún siguen haciéndolo", incidió. La exconsejera insular de la formación morada destacó a este respecto que "por alguna razón la protectora Adepac no entró en el grupo de entidades receptoras a compensar como perjudicadas por la responsabilidad civil que reclama también el Ministerio Fiscal".

El operativo permitió rescatar a 226 perros, la mayoría en grave estado de salud y, de ellos, murieron 42. Entre los acusados figuran dos veterinarios y un policía local de Adeje. Y aunque el líder de la presunta organización criminal se circunscribía a la Comunidad de Madrid, la instrucción de la causa puso en evidencia el peso de la red en Canarias, con ocho investigados.

El escrito de la acusación popular y el de la Fiscalía recogen, prácticamente con la misma literatura, los hechos delictivos que se les imputa a los procesados. En este sentido, señalan las acusaciones que "queda acreditado el cruel y continuado maltrato al que someten los procesados a los animales desde su nacimiento, ya sea utilizándoles como sparring, echándoles a pelear o sacrificándoles cuando ya no son útiles para su fin. Desde su nacimiento los cachorros de razas potencialmente peligrosas son sometidos a malos tratos continuos, castigos físicos, alimentación inadecuada y duros entrenamientos físicos hasta la extenuación del animal con utilización de medios y métodos que propician un aumento anormal de sus capacidades musculares y resistencia aeróbica, para lo cual los integrantes de esta organización criminal llegaron incluso a suministrar a los animales fármacos y sustancias dopantes tales como Winstrol, Dexametasona, Boldenona, Testosterona y EPO, entre otros, perjudicando gravemente y menoscabando la salud de los perros. Y todo ello lo hacían sin ser profesionales de veterinaria o estar facultados para ello a excepción de los dos veterinarios que integraban esta red.

De las transcripciones de las escuchas practicadas por orden judicial, entre noviembre de 2016 y febrero de 2017, "queda patente la existencia de una organización estructurada que llevaba actuando durante bastante tiempo y con signos de pretender continuar en el futuro. Los integrantes de la red actuaban de forma concertada para cometer el delito de maltrato animal de forma continuada para obtener un beneficio económico, ignorando el daño que se les infligía a los animales, llegando, en ocasiones, a producirse la muerte de algunos de ellos. Era un grupo cerrado que operaba desde hacía años y en el que se entraba por contacto en las peleas o apadrinamiento. En las escuchas se les oye emplear jerga de este tipo de bandas: fiesta privada, convención, contrato, puntos, refree kennel, keep, timekeeper, champion o topa.

Aún falta el escrito de alguna de las defensas

Aunque la instrucción de la causa la ha realizado la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Torrejón de Ardoz, el juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Madrid cuando los abogados de los 22 imputados entreguen sus respectivos escritos de defensa, fase que está a punto de concluir. Una vez se produzca este hecho, se señalará fecha para la vista oral. La Fiscalía entregó su escrito preliminar en marzo pasado y la acusación popular en abril de 2018.

La red en Tenerife

Los ocho detenidos en Tenerife por presuntamente integrar esta organización criminal son: E.P.C. (organizaba, dirigía y coordinaba), para el que la acusación popular pide 21 años y 6 meses de prisión y la Fiscalía, 7 años y 10 meses; F.C.G. (policía local de Adeje), para quien la acusación pide 30 años de prisión y la Fiscalía, 7 años y 10 meses de cárcel; G.U.G.G. (organizaba, dirigía y coordinaba), para el que la acusación popular pide él 22 años de prisión mientras que la Fiscalía 3 años y 4 meses; J.C.H.V. (veterinario): la acusación popular pide 18 años y medio de cárcel y la Fiscalía, 3 años y 4 meses. El resto de investigados participaron y cooperaron con la organización: J. A. L. G., la acusación popular pide 7 años y 6 meses y la Fiscalía pide 4 años y 10 meses; J. A.R.T., la acusación popular solicita 9 años y 6 meses mientras que la Fiscalía reclama 4 años y 10 meses de cárcel; G.M.R., la acusación popular interesa que se le imponga una pena de 7 años y 6 meses de prisión, mientras que el Ministerio Público pide 3 años y 6 meses de reclusión, y por último S.M.E.B., para quien la acusación popular solicita 7 años y 6 meses de cárcel y el Ministerio Fiscal, 3 años y 6 meses.