Los efectos de la crisis siguen pasando factura a particulares y empresas que se dirigen a los juzgados de lo Civil, lo Social y lo Mercantil para dirimir impagos de deudas, cantidades por despido o concurso de acreedores, figura a la que no solo se acogen personas jurídicas, también personas físicas que se ven sin posibilidad de cancelar las deudas contraídas por diferentes vías. Los desahucios tampoco han desaparecido y en el segundo trimestre de este año un total de 214 familias en el Archipiélago perdieron sus viviendas como consecuencia de los procedimientos ejecutados de lanzamiento ante el impago de sus créditos hipotecarios, según el informe del Consejo General del Poder Judicial conocido ayer.

En las Islas se practicaron, entre abril y junio de 2019, un total de 214 lanzamientos, un 35,9% menos que en el mismo periodo de 2018, en el que se ejecutaron 334 casos. Por provincias, se registraron 83 asuntos en Las Palmas (un 36,6% menos que en el mismo periodo del año anterior, que fueron 131) y 43 en Santa Cruz de Tenerife, un 46,3% menos que en la primavera anterior (80 casos).

El informe también detalla que entre abril y junio de 2019, un total de 38 personas físicas residentes en el Archipiélago se declararon en concurso de acreedores, esto es, sin medios para pagar sus deudas, lo que supone un incremento del 56% respecto al mismo periodo de 2018, en el que se declararon en quiebra 17 isleños.

El estudio estadístico incluye por primera vez datos sobre juicios verbales por ocupación de vivienda, juicios civiles a presuntos okupas. Según el órgano de gobierno de los jueces, entre abril y junio de este año se registró en los juzgados de Las Palmas la entrada de 29 procesos de este tipo, se resolvieron 22 y quedaron en trámite al final del periodo 40 casos.

Durante todo 2018, en la provincia oriental se incoaron 49 procesos por ocupación de vivienda, se resolvieron 22 y quedaron en trámite a final de junio, esto es, pendientes de juicio, 27 casos.

En lo que se refiere a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el segundo trimestre de 2019 ingresaron 40 casos de supuesta ocupación de vivienda, se resolvieron 16 y quedaron pendientes 55.

Durante 2018, en las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro ingresaron 47 casos por ocupación, se resolvieron 16 y quedaron pendientes al final del pasado ejercicio 31 expedientes.

En el conjunto del Estado, el número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2019 fue de 14.756, lo que supone un descenso del 14% respecto al mismo trimestre de 2018. Las dos terceras partes de esos lanzamientos (9.802, equivalentes al 66,4%) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 3.806 (el 25,79%) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 1.148 restantes obedecieron a otras causas.

Son los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, que han descendido un 32,9%, los que experimentaron una disminución interanual más acusada. Por su parte, los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) se redujeron en un 6,6%.

Cataluña (con 3.433, el 23,3% del total nacional) fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más procedimientos por lanzamiento de vivienda. Le siguen Andalucía (con 2.456), la Comunidad Valenciana (con 1.960) y la de Madrid, con 1.637.