El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, señaló ayer que "España es el tercer país del mundo, solo por detrás de Puerto Rico y de Tailandia, que más demanda prostitución" y añadió que un fenómeno tan grave como la trata de seres humanos con fines de explotación sexual se esconde detrás de fenómenos como la inmigración, sea regular o irregular, advirtiendo además que "las dos terceras partes del tráfico de seres humanos tiene que ver con la explotación sexual".
Navarro Miranda realizó estas manifestaciones en el Parlamento de Canarias, durante su ponencia en la Jornada Transnacional: La trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que organiza la Adjuntía Especial de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común, en la que colabora el periódico EL DÍA y está financiada por el programa europeo Interreg.
Navarro Miranda propuso llevar a cabo una reforma, "no del derecho sustantivo, no de la legislación administrativa y mucho menos de la penal, sino de la procesal". Destacó que "con la experiencia que se puede obtener en la Audiencia Nacional sobre los delitos transnacionales, y es evidente que la trata implica a muchos países, mafias organizadas e involucradas en países más o menos cercanos, la especialización del Ministerio Fiscal es absolutamente esencial".
En este sentido, el magistrado tinerfeño y presidente de la Audiencia Nacional manifestó la necesidad de que sean los fiscales y no los jueces los que investiguen los delitos transnacionales, como es el caso de la trata o el tráfico de seres humanos. En este sentido dijo que "el juez debe ser el juez de garantías, que dicte las sentencias lo más rápidamente posible".
Por ello, pidió a la clase política que dé el paso y trabaje por la redacción de una Ley integral que ponga en el centro los intereses y la protección de las víctimas. "Sería un avance que mejoraría mucho la lucha contra este tipo de delitos".
A pesar de que España es un país de origen, tránsito y destino de la prostitución y de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la Memoria de la Fiscalía del pasado año recoge que se practicaron solo 122 diligencias de investigación relacionadas con la trata de seres humanos en todas sus formas, de las que 103 de ellas tenían que ver con investigaciones sobre la explotación sexual.
"El tráfico de seres humanos debe ser considerado como un crimen de lesa humanidad", perseguible en cualquier país. El Código Penal español lo introdujo tras la reforma que de él se llevó a cabo en 2010 y lo hace a través del artículo 177 bis, "es decir que el legislador en su momento no tenía previsto este tipo delictivo y por eso figura de esta manera".
A pesar de lo anterior, Navarro Miranda apreció la "revolución" que ha supuesto en el Código Penal la posibilidad de que se pueda condenar a las "personas jurídicas", esto es, las empresas para que puedan inmovilizarse sus activos, incluso, cerrar aquellas sociedades que permitan la trata de seres humanos".
El magistrado defendió también que las víctimas de trata deben estar exentas de debate judicial sobre si cambia en algo su teórico consentimiento, pues están en "situación de especial vulnerabilidad".
Aclaración
En la entrevista a la adjunta especial de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, publicada en la edición del pasado jueves se aludió al término "trata de blancas" en una respuesta que se atribuía a Barrera cuando no hizo esa referencia. Barrera "rechaza el término al considerarlo incorrecto, obsoleto y no incluye a todas las víctimas en un delito que es global.
