Canarias está abocada a sufrir la desertificación de su tierra, a padecer más inundaciones y a que los incendios que sucedan sean mucho más potentes. Pero ni los Cabildos del Archipiélago ni el Gobierno de Canarias se han preocupado hasta el momento por adaptar a la población a las consecuencias de la crisis climática. Hasta el año 2018, las Islas han carecido de una hoja de ruta clara que les permita hacer frente a una situación en la que tienen una alta vulnerabilidad, según determina un último informe publicado por la Audiencia de Cuentas de Canarias, que ha fiscalizado la situación administrativa del cambio climático en las islas entre 2017 y 2018.
Algunas de las consecuencias empiezan a ser visibles. La virulencia del incendio de Gran Canaria o las recurrentes olas de calor e intrusiones de polvo sahariano muestran que el Archipiélago ya está sufriendo los resultados de años de hacer caso omiso a las alertas de los expertos. Y aún parece que quienes deberían diseñar estrategias tanto para mitigar como para adaptar a los canarios a un 90% de posibilidades de que aumenten las temperaturas, las precipitaciones extremas y el nivel del mar, han relegado la toma de decisiones frente a este fenómeno a un lugar que no concuerda con el nivel de emergencia real.
La evidencia científica sobre el cambio climático ha estado encima de la mesa desde los años 50 y se convirtió en un asunto ampliamente consensuado a finales de 1980, coincidiendo con la creación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Pero, y a pesar de la muchas y frecuentes advertencias, las políticas no han conseguido mitigar sus efectos, de hecho, los últimos datos del IPCC concluyen que la situación actual es mucho peor de lo que habían estimado.
Aunque la Audiencia de Cuentas incide en la estrategia que han llevado a cabo los Cabildos, intenta mostrar una fotografía completa de la situación administrativa de Canarias. De ahí que concluya que no todo es culpa de las administraciones insulares, la falta de una guía desde el órgano superior -el Gobierno de Canarias- ha sido igualmente un factor lastrante de la capacidad de las corporaciones insulares para hacerse cargo de las actuaciones oportunas.
Un plan en un cajón
De hecho, el Gobierno de Canarias trató en 2010 de elaborar un Plan de Adaptación a través de la extinta Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. Una guía de actuación, coordinada con los cabildos, que pretendía que Canarias contara con "una actuación eficiente, anticipada y planificada ante los impactos que pudieran originarse en aquellos sectores que no tuvieran la posibilidad de adaptarse de forma autónoma". A esa falta de estrategia, se le suma la carencia de estudios de vulnerabilidad -a excepción de para el riesgo de inundaciones en lugares concretos-, de una unidad organizativa que lidere el cambio climático y de fichas presupuestarias propias, así como la inacción en cuanto a la modificación de la normativa propia de los cabildos, el escaso aprovechamiento de los fondos externos y la ausencia total de evaluación y seguimiento de los programas de mitigación puestos en marcha. Sin embargo, la carencia fundamental del planeamiento insular se encuentra en la adaptación. Al no existir planes específicos para hacer frente a este escenario, "es difícil que hayan podido conseguir avances", como afirma el geógrafo experto en cambio climático Abel López.
Acciones de mitigación
Pero no todo es negativo. En Canarias se han realizado diversas acciones para mitigar el cambio climático. Algunas verdaderamente positivas como las Reservas de la Biosfera, declaradas en las siete islas, que "ha contribuido a incrementar la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible" o el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía de la Unión Europea. Este último, no obstante, ha logrado una "escasa acogida" en las Islas, pues solo ha sido suscrito por municipios de Tenerife y Gran Canaria. El informe destaca asimismo las acciones aisladas realizadas que pueden contribuir a la reducción de los riesgos pero que no están orientados a la adaptación al cambio climático.
Y si bien es cierto que las corporaciones de Tenerife y Gran Canaria tienen un desarrollo mayor en la legislación para paliar el cambio climático, "estos avances no responden a una estrategia sino a acciones puntuales de determinadas áreas", como señaló el geógrafo que forma parte de la Cátedra Universitaria, Reducción del Riesgo de Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna (ULL).
Además, la mayoría de las acciones realizadas se han enfocado "únicamente a medidas de mitigación" y no de adaptación. Un aspecto al que, de hecho, ningún político de Canarias había hecho alusión hasta el pasado martes, cuando el actual consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Antonio Valbuena, lo contempló como uno de los ejes sobre los que pivotará la Ley de Cambio Climático.
A pesar de todo, el experto considera que "aún estamos a tiempo" de que las administraciones "establezcan la adaptación como algo multisectorial y prioritario en todas sus políticas". Por esta razón, insiste en la importancia que tiene que a nivel regional "se defina el marco legal que ampare a los cabildos en los próximos años a desarrollar las distintas acciones". De ahí la urgencia de que Canarias disponga de "una buena ley" que aborde la adaptación de forma directa y con la importancia que define acuerdos como el de París".
Redefinir el FDCAN
El presidente canario, Ángel Víctor Torres, anunció ayer su propósito de redefinir los conceptos inversores del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) que puso en marcha el anterior Ejecutivo, para orientarlos hacia "la emergencia social y climática que tienen las islas". De esta forma, se podrían resolver los problemas a la hora de justificar las partidas asignadas.
