Canarias cuenta hoy con casi 5.000 personas dependientes que esperan "ocultos" a que la comunidad autónoma les pueda conceder una prestación por su situación. Son dependientes fantasma cuyos expedientes nunca se han llegado a registrar en el sistema y a los que el Gobierno de Canarias no hace alusión en muchas ocasiones al referirse a estas personas. "Son 4.827 personas que presentaron los papeles pero no existen y no se les puede dar una cita", confirmó la Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, durante una comparecencia en Comisión Parlamentaria. "Podemos hablar de una lista oculta de dependencia", destacó.

Los datos de la dependencia han sido a menudo uno de los quebraderos de cabeza de los distintos Gobiernos autonómicos que han pasado por Canarias. Las diferencias ya históricas entre los datos que maneja la Consejería de Asuntos Sociales y el Imserso han dejado un batiburrillo de datos que lejos está de poder convertirse en una herramienta de análisis de la realidad de la dependencia en Canarias. "Nos hemos encontrado que los datos estaban incompletos y a veces eran directamente falsos", afirmó la consejera, que insistió en que este "maquillaje" solo ha servido "para ocultar problemas, no para resolverlos".

A este problema se le suma que hay 13.064 personas en la comunidad pendientes de que se les valore el grado de dependencia "con diferencias significativas entre provincias" porque se rigen prácticamente por "dos sistemas" diferenciados; otras 14.788 a las que se les ha reconocido el grado pero aún no han recibido el Plan Individual de Atención (PIA) y un último grupo al que, aún teniendo PIA, "no pueden recibir el servicio porque no llega al lugar en el que residen".

"La dependencia no llega nunca. Fallecen las personas que a pesar de poder haber sido beneficiarias de las ayudas jamás la van a recibir porque fallecen antes de que la administración les dé una solución". Santana resumió así la situación de la dependencia en Canarias y mostró los ejes sobre los que pivotará la acción de la Consejería los próximos 4 años, aprovechando la celebración del Día del Mayor.

Situación de "colapso"

Los distintos grupos parlamentarios, durante la comparecencia, estuvieron de acuerdo en que se trata de una verdadera "situación de colapso" a la hora de tramitar en Canarias la valoración y reconocimiento de estas personas, que ha relegado a la comunidad a la cola del país. "Un canario o canaria con dependencia tiene menos posibilidad de acceder a este derecho que un madrileño", insistió Carmen Rosa Hernández Jorge, del grupo de Nueva Canarias, que concretó que "tenemos que detectar los cuellos de botella para poder empezar a desenredar los nudos".

Un atasco que todos los grupos parlamentarios ubicaron en la manera que se llevan a cabo los trámites en la Consejería. "Debemos acortar los pasos entre la solicitud y la lista de espera", afirmó la socialista Lucía Tejera Rodríguez. Algo en lo que también estuvo de acuerdo la parlamentaria de Nueva Canarias, Carmen Rosa Hernández Jorge, que añadió que "el sistema ha funcionado mal muchos años y no va a peor, pero se ha atascado".

Buscar soluciones para la gente

Ante el escenario que se le ha presentado al nuevo equipo, Noemí Santana apuesta por "buscar soluciones, porque es lo que interesa a la gente". Así, tras reunirse con las trabajadoras (porque son mayoría mujeres) han podido saber que la problemática se asienta en dos ejes: la carencia de personal y unas "herramientas arcaicas" utilizadas para hacer los registros (aún se utilizan hojas de cálculo en Excel).

Para el primero, se están llevando a cabo "pequeñas medidas" porque una solución masiva requiere de una ficha presupuestaria. Así que, hasta el momento, lo que se ha hecho es cubrir bajas y gestionar los contratos que dependen directamente de la Consejería, ya que muchos "se han encontrado en situación de nulidad durante años".

En el otro aspecto, Noemí Santana adelantó que va a invertir 500.000 euros en un nuevo aplicativo que permita gestionar de manera más adecuada las altas y bajas en el sistema. En este sentido, la consejera explicó que, durante la búsqueda de una solución, su equipo halló una iniciativa parecida, puesta en marcha por el equipo de gobierno anterior, que licitó y adjudicó por un millón de euros un aplicativo que "nunca funcionó". "Se perdió un millón para guardar un aplicativo en un cajón porque no era compatible con otras herramientas", denunció la consejera.