La Consejería de Sanidad tiene previsto hacer una limpieza a fondo de los centros de salud entre hoy y mañana. A partir de ahí, y hasta que se resuelva la rescisión del contrato con Ralons Servicios S.L., una empresa pública y propia del Servicio Canario de la Salud (SCS) será la que mantenga limpios los ambulatorios. La consejería ha podido empezar a realizar los trámites para poner en marcha esta medida tras declarar, en el mediodía de ayer, la situación de emergencia.
Para poder actuar en el lugar, la consejería debe hacer frente a ciertos trámites burocráticos insalvables. Así lo explicó Susana Cantero, directora de Área de Salud de Tenerife, que subrayó que la Consejería no puede "actuar de inmediato", aunque entiende "la gravedad de la situación" y están "tomando las medidas oportunas". Cantero, asimismo, afirmó que los trabajos de limpieza se harán progresivamente "atendiendo a la gravedad del problema en cada centro".
Y es que los 102 centros de Atención Primaria de Tenerife no están repletos de basura homogéneamente. "Las instalaciones cuyo servicio de limpieza dejó de trabajar hace dos días están mejor que los que llevan varias semanas sin aparecer", explicó la directora. Porque el problema real empezó en el mes de agosto, cuando la empresa anunció la suspensión total de pagos tras cinco meses de retrasos de abono de salarios. No obstante, se ha acrecentado esta semana a raíz de la convocatoria de huelga indefinida del personal de limpieza.
Aunque Sanidad tiene previsto poner en marcha un operativo de limpieza en los próximos días, en lo que se resuelven los expedientes administrativos, hay posibilidades de que se continúen cerrando centros. De hecho, en un escenario que muchos usuarios y profesionales han tildado de "insostenible", ya son dos los centros obligados a cerrar en parte o completamente. Al de Tegueste, que echó el cierre el martes, se unió el centro de salud de Güímar, al que la inspección sanitaria obligó ayer a cerrar dos de sus plantas debido a la falta de higiene. En este centro se quedó operativa la planta baja, donde se ubica Pediatría y Urgencias, y los pacientes fueron atendidos durante el día en dicho lugar. En este sentido, la directora de área admitió que, en lo que se resuelven los trámites burocráticos para que el SCS pueda empezar a limpiar, existen "probabilidades" de que esta situación se continúe repitiendo en otros centros de salud. No obstante, los pacientes continuarán siendo atendidos en otros centros de referencia.
En el otro lado del tablero se encuentran los trabajadores del servicio de limpieza del grupo Ralons S.L. Tras casi seis meses sin cobrar, el 80% de la plantilla de baja y con una suspensión de pagos hecha efectiva en agosto, los casi 350 trabajadores que conforman el equipo han acordado continuar la huelga indefinida que comenzaron el pasado lunes 23. Una postura que mantendrán hasta recibir un documento que "garantice que la rescisión del contrato es un hecho", según afirmó Francisco Chinea, portavoz de la Federación de Construcción y servicios de CCOO.
El 20% de los trabajadores que ha continuado acudiendo a los centros de salud para realizar su trabajo son aquellos que se encuentran "muy comprometidos", que "piensan que en algún momento cobrarán" o que tienen otro empleo, por lo que no pueden acogerse a una situación de incapacidad temporal (IT), según constató Cantero.
Denuncias a Salud Pública
Por su parte, Intersindical Canaria se ha movilizado para presentar formalmente una denuncia ante la Dirección General de Salud Pública ante las condiciones de insalubridad en la que se encuentran los centros. "No entendemos que se haya tenido que llegar a este límite. Que hayan pasado tantos meses a pesar de los múltiples intentos que hemos realizado para comunicar esta situación a los responsables", insistió Patricia Hernández, delegada de la junta de personal de Intersindical Canaria.
El contrato "histórico" con Ralons tiene los días contados. Como adelantó la Consejería de Sanidad, la rescisión podrá hacerse efectiva durante la próxima semana, una vez culmine el periodo de alegaciones, y siempre que la empresa adjudicataria no se manifieste, algo que, según CCOO, es altamente probable. Este periódico ha intentado contactar con la empresa para conocer su posición al respecto, pero no ha obtenido respuesta.
"Este problema es heredado y no ha ocurrido de un día para otro", recordó la directora del área de Salud, que insiste en que el conflicto comenzó en 2017. "Tenemos más urgencias de las que nos permiten salvar los cauces burocráticos; no se puede decir a alguien vete y limpia, hay que hacerlo siguiendo la legalidad", insistió Cantero.
