K. Z. Q. V., de 41 años y nacionalidad boliviana, se sienta a partir de hoy, y a lo largo de toda la semana, en el banquillo de los acusados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, procesada por la presunta comisión de un delito de asesinato y otro de robo con violencia ocurridos el 12 de diciembre de 2017 en la vivienda en la que trabajaban ella y la víctima, ambas cuidadoras de una persona mayor, en pleno barrio capitalino de El Toscal, en concreto en la calle Pasaje 2ª de Ravina.

Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, la acusada se había encargado desde el mes de noviembre de 2017 del cuidado y asistencia personal de una mujer de avanzada edad. Había sido contratada de manera temporal y provisional durante un mes. La hoy imputada había acudido a la oferta de trabajo por quien había sido hasta ese momento cuidadora y persona de confianza de la anciana.

La cuidadora -con el nombre de pila Constancia-, de 53 años y también de Bolivia, había decidido viajar a su país natal para disfrutar de su período de vacaciones y visitar a su familia. Fue por esta circunstancia por lo que surgió la necesidad de contar con una persona que cuidara a la mujer y propietaria de la casa hasta que en el mes de diciembre regresara a su puesto de trabajo.

Antes de abandonar el país, la mujer a la que cuidaba le ofreció entregarle 1.000 euros del mes de vacaciones retribuidas a las que tenía derecho, si bien Constancia rehusó a coger el dinero en ese momento, manifestando su voluntad de recibirlo a su vuelta.

La investigada K. Z. aceptó el trabajo quedándose como cuidadora interna durante el mes en el que estuvo Constancia de viaje. K. Z. recibió también 1.000 euros por los servicios de cuidado que iba a prestar, ingresando el dinero a través de un cajero automático en una cuenta de su hija menor de edad.

Constancia regresó de Bolivia el 11 de diciembre de 2017 y fue al domicilio para retornar a su puesto de trabajo, momento en el que K. Z. acabaría su relación laboral. Ese mismo día, la mujer a la que cuidaba Constancia le entregó los 1.000 euros que le adeudaba del mes de vacaciones en un sobre que guardó junto con sus pertenencias.

Al día siguiente, ambas cuidadoras entablaron una discusión motivada sobre el salario que iba a percibir K. Z. en relación a los 1.000 euros entregados la noche anterior por la anciana, sin que llegaran a un acuerdo. Ante su negativa, la ahora acusada, "con la intención de finalizar con la vida de Constancia y hacerse con todo el dinero además de abrir la posibilidad a quedarse con su trabajo, cogió un martillo tipo carpintero y aprovechando que la víctima se había desnudado y se encontraba dentro del plato de ducha, se introdujo en el baño y, sin que la viera, la atacó sin posibilidad de que pudiera defenderse hasta acabar con su vida. Luego, se hizo con el sobre con los 1.000 euros y los ocultó entre sus pertenencias, donde fueron hallados por los agentes policiales que se hicieron cargo de la investigación.

La golpeó más de 100 veces con un martillo de carpintero

La Fiscalía asegura que K. Z. Q. V. cometió el crimen con una "violencia inusitada" de tal forma que, según el informe forense, "propinó a la víctima más de 100 golpes en la cabeza con el martillo de carpintero que había cogido". Fue un ataque que se prolongó durante varios minutos y muchos de los golpes se los propinó cuando la víctima ya yacía en el suelo, sin capacidad para defenderse y provocándole, entre otras muchas lesiones, una fractura deprimida del hemicráneo derecho de gran tamaño que penetró profundamente en el interior de la masa encefálica, lesiones que le provocaron la muerte al verse afectados directamente centros vitales encefálicos además de causarle una hemorragia masiva, que le acabó produciendo el fallecimiento. El fiscal sostiene que entre los primeros golpes y la muerte, transcurrieron varios minutos, lo que "causó un cuadro de ansiedad extremo, dolor y padecimiento de continuo terror antes de morir", señala.