19 de septiembre de 2019
19.09.2019
Tribunales

Trabajos en favor de la comunidad tras estafar 138.000 euros al BBVA

El único investigado que pagó el crédito está a la espera de sentencia, 15 acusados alcanzan un acuerdo para no ir a prisión y el dueño de la empresa donde se ingresó el dinero defraudado es absuelto

19.09.2019 | 01:38
El principal imputado (de pie), que llegó a un acuerdo con la Fiscalía, declara como testigo en la pieza separada abierta contra los dos acusados que se negaron a pactar.

El juicio por estafa y falsificación de documentos privados que estaba previsto que se desarrollara durante ocho jornadas en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife fue resuelto en solo dos días y quedó visto para sentencia ayer con un acusado, sobre el que el tribunal debe pronunciarse ahora, y un investigado que fue absuelto directamente tras la retirada de cargos realizada por el Ministerio Fiscal y el letrado de la acusación particular. Los otros 15 imputados en los delitos de estafa a la entidad bancaria BBVA, cuya cuantía se elevó a 138.675 euros, alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía para obtener una reducción de penas en la sentencia de conformidad que se dictara, logrando que el tribunal impusiera una pena de dos meses de prisión que se sustituye por dos meses de trabajos en beneficio de la comunidad a cada uno de ellos, salvo para Santiago L. A., a quien se le impuso una pena de 10 meses de prisión por delitos agravados.

José Antonio G. G., dedicado a la venta de vehículos y propietario de la sociedad mercantil en cuyas cuentas se ingresaba el dinero de los créditos pedidos por los particulares investigados al BBVA para la compra de coches, quedó absuelto afirmando que se enteró de la investigación de fraude años después de cerrar la empresa, mientras que Sergio Israel G. C., que adquirió un vehículo mediante un préstamo del que solo pagó las dos primeras letras, está a la espera de que se dicte sentencia por falsedad y estafa.

En este caso, el imputado no quiso llegar a un acuerdo con la Fiscalía porque sostiene que su deuda fue saldada en su totalidad. Sin embargo, el fiscal mantiene la acusación puesto que "el dinero lo recuperó el BBVA mediante un procedimiento judicial monitorio cuatro años después y no porque el imputado tuviera la intención de devolverlo de buena fe" y porque, además, "reconoce que la documentación laboral que entregó al BBVA era falsa; era plenamente consciente de que con sus contratos laborales esporádicos y su nómina ningún banco le iba a conceder crédito alguno".

El principal imputado en esta trama es Santiago L. A., empleado de José Antonio G. G. en una empresa de venta de vehículos situada en La Matanza de Acentejo entre 2002 y 2004. La empresa cerró tras esa fecha debido a que José Antonio G. G. fue detenido y condenado a seis años de prisión por delito contra la salud pública.

En esos dos años, Santiago L. A. tramitó al menos 17 formularios de petición de créditos por importes inferiores a 10.000 euros a nombre de terceras personas para la adquisición de coches en la empresa en la que trabajaba, entregando documentación laboral y fiscal falsificada como nóminas o contratos de trabajo inexistentes o falsos con los que supuestamente se hacía ver a la entidad bancaria BBVA, que concedía los créditos, la presunta solvencia de los prestatarios.

Las personas que se prestaban al plan recibían una cantidad de dinero mientras que Santiago L. A. ingresaba el grueso del crédito recibido por el resto de coacusados en la cuenta de la empresa y que, en total se elevó a 138.675 euros.

S. L. A. o una tercera persona aportaban al BBVA el DNI de un solicitante de crédito para bienes de consumo, sus contratos laborales o nóminas que eran alteradas o con los que confeccionaban nuevos documentos como contratos de trabajo inexistentes a nombre de empresas reales, pero haciendo constar otros elementos alterados como antigüedad en la empresa, tipo de contrato, salarios más elevados al real o empleos de mayor responsabilidad de los que en realidad tenían. Incluían sello y firma imaginaria de la empresa y la combinaban con datos reales de la sociedad.

Los prestatarios abonaban las dos primeras letras, en algunos casos ni siquiera eso, y luego dejaron de pagar el resto de las cuotas.

Santiago L. A., a pesar de que trabajaba para una empresa de venta de vehículos situada en el municipio de La Matanza de Acentejo, acudió siempre a formalizar y entregar la documentación requerida antes de la concesión de créditos personales a una sucursal del BBVA muy concreta: la de Barranco Grande, a más de 22 kilómetros de su empresa. A preguntas del fiscal, Santiago L. A. reconoció que acudía a esta oficina porque le "interesaba que le viera por allí con clientes el director de la sucursal porque quería hacer algunas operaciones financieras más adelante", contestó. Sin embargo, el fiscal no pareció muy convencido de la respuesta y le preguntó entonces sobre la documentación falsificada que se entregaba en dicha oficina bancaria para obtener los créditos y mientras afirmó que no tenía nada que ver con ese asunto, admitió en cambio que junto a Sergio Israel G. C. falsificó el contrato laboral de este último así como las nóminas que percibía para que le concedieran un préstamo y así poder comprarse un coche y que lo hizo porque lo conocía de hacía mucho tiempo antes, que son del "mismo pueblo", aseveró. Ante la cantidad de casos de créditos concedidos e impagados en la sucursal del BBVA en Barranco Grande, inspectores de la entidad bancaria realizaron una auditoría interna para averiguar por qué esta oficina se salía de las estadísticas habituales. Al final del informe económico se detectó que 17 de los impagos provenían de personas que solicitaban un préstamo personal para adquirir vehículos y -qué casualidad- todas las operaciones sirvieron para comprar coches en la empresa de José Antonio G. G., donde trabajaba Santiago L. A., en La Matanza de Acentejo.

Auditoría a la sucursal de Barranco Grande

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