La pena de prisión permanente revisable ha sido aplicada por los tribunales españoles en diez de los diecisiete casos en los que había sido solicitada por alguna de las partes, lo que arroja un porcentaje del 58,8% de las sentencias dictadas desde que se introdujo en el Código Penal tras la reforma de 2015.
De esas diez sentencias, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta el 31 de julio de 2019, una se dictó en el año 2017; cuatro en 2018 y las cinco restantes en los primeros meses del año en curso.
En Santa Cruz de Tenerife, la Audiencia Provincial impuso esta condena a un imputado, siendo ratificada por el TSJC y luego anulada por el Tribunal Supremo, conmutando dicha pena a 24 años de prisión para el acusado.
Los condenados a la misma pena que se solicita para Ana Julia Quezada -asesina confesa del niño Gabriel Cruz- son todos hombres, mientras que de las 16 víctimas asesinadas en total, 10 eran mujeres, cinco de ellas niñas; y 6 eran varones, entre ellos dos niños. El número de menores asesinados (7) representa el 43,8% del total.
En todos los casos, el tribunal apreció la existencia de alevosía en la comisión del delito y aplicó la agravante de parentesco entre la víctima y el condenado. En dos casos hubo agravante de género y en cinco, la condena incluyó al menos otro delito (en cuatro de esos cinco casos el otro delito era agresión o abuso sexual).
Los días transcurridos desde que ocurrieron los hechos hasta que se dictó la resolución por el tribunal del jurado fue de 745 días en la sentencia de 2017; de 780 días en las de 2018 y de 844, en las de 2019. En esos procedimientos intervinieron órganos judiciales situados en las provincias de A Coruña, Almería, Barcelona, Guadalajara, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo, Valladolid y Vitoria.
