En Canarias aún sigue habiendo escolares que acuden a recibir sus clases en barracones, que eufemísticamente se llaman "aulas modulares". En concreto son 77 los barracones repartidos por diferentes Islas y municipios que ahora el nuevo Gobierno de Canarias que preside el socialista Ángel Víctor Torres pretende erradicar "relanzando" o "redirigiendo" el Plan Canario de Infraestructura Educativa (2018-2025).

En este sentido, la consejera del Área, María José Guerra, ha anunciado que se estudiará cómo configurar financieramente dicho plan de choque para eliminar ese tipo de instalaciones en las Islas, para lo que pedirá también la colaboración de ayuntamientos y cabildos dado que "la solución a este problema va más allá de la disponibilidad presupuestaria; hay que contar con suelo público para llevar a cabo proyectos" para levantar nuevos centros educativos.

El pasado martes, Guerra compareció en el Parlamento de Canarias a petición de Nueva Canarias para hablar del citado plan y de cómo tiene pensado el Ejecutivo regional acabar con la situación precaria en los centros docentes, y la consejera enumeró los barracones escolares, que se encuentran en Lanzarote, donde hay 48; Fuerteventura, que tiene 12; Tenerife, que cuenta con 11 aulas de este tipo, y Gran Canaria, con seis.

Por otra parte, la consejera destacó que el mantenimiento de esos barracones tiene un "coste elevado" debido a que la mayoría están el régimen de alquiler. No obstante, "no es una cuestión del dinero que cuesta el uso de los barracones, sino las condiciones en las que asisten a clase cada día cientos de estudiantes en las Islas. Los escolares merecen el mayor bienestar", aseveró.

Guerra señaló que su departamento liderará la dinamización para el cambio en materia educativa y en infraestructuras. "Las aulas deben ser seguras, accesibles, saludables y sostenibles", defendió la consejera para quien el Plan de Infraestructura Educativa "es un punto de partida". De esta manera, se comprometió a trasladar al Parlamento la reorientación del texto para asegurar que las aulas sean accesibles, saludables y sostenibles, a la vez que integrarán también la tecnología propia del siglo XXI.

En ese plan se plantearán las urgencias del sistema educativo, que tienen que ver con la antigüedad de los centros o instalaciones eléctricas inadecuadas en algunos casos, por lo que habrá que hacer una auditoría de todos ellos para conocer su situación y las posibilidades de mejora.