11 de septiembre de 2019
11.09.2019

Canarias rehúsa instalar cámaras en las aulas; los padres lo aprueban

Mientras la Consejería de Educación considera que se deben atajar las situaciones violentas con formación, la federación de ampas cree que sería una buena solución a corto plazo

11.09.2019 | 01:33
Varios niños entran al CEIP Ofra-Vistabella en su primer día de clase.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no está de acuerdo con la instalación de cámaras de seguridad en las aulas canarias para atajar los comportamientos violentos o los abusos sexuales de los menores. "Habría que estudiarlo, pero no creo", aseguró María José Guerra Palmero, consejera de Educación.

Se trata de una de las recomendaciones que la Fiscalía General del Estado ha realizado a raíz del importante incremento de abusos sexuales contra los menores. Concretamente, la Memoria del Ministerio Público de 2018 detecta una subida del 23% en este tipo de delitos en 2017 con respecto al 2016, y de hasta un 44% con respecto a 2015. De esta manera, consolida la subida que ha venido registrando en los últimos tres años y se convierte en el delito más común, por delante del exhibicionismo y la pornografía.

En una entrevista en Cope Canarias, Guerra Palmero insistió en que el aumento de abusos y conductas violentas entre los menores se deben atajar desde la base, la formación, porque, entre otras cosas, la instalación de cámaras de seguridad en las aulas puede concurrir en un "conflicto de derechos".

Por su parte, el presidente de la Federación Insular Tinerfeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (Fitapa), Eusebio Dorta, concluyó que sería una buena iniciativa para ir luchando contra el problema "a corto plazo". No obstante, también hizo hincapié en que es una medida que se debe acompañar de otro tipo de acciones orientadas a la formación del alumnado para evitar este tipo de conductas.

Las determinaciones de la Administración educativa canaria van en consonancia con las de otras comunidades (como Castilla-La Mancha o Madrid) e, incluso, con la opinión del Ministerio del área. De hecho, la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, rechazó totalmente la posibilidad de instalar cámaras en las aulas para luchar contra este tipo de actos ya que, a su juicio, "sería como poner un Gran Hermano permanente".

Celaá, cuyas declaraciones en Onda Cero fueron recogidas por Efe, afirmó que es una medida "terrible", que en principio no le gusta. No obstante, consideró que todas las ideas son susceptibles de debatirse.

Por su lado, el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, en declaraciones recogidas por Efe, opinó que "meter cámaras en todos los colegios de manera discriminada no es la solución" sino apostar por el "desarrollo de la convivencia".

También el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, sostuvo que instalar cámaras en las aulas sería "demasiado intrusismo" y apostó por poner en marcha mecanismos tanto para formar al profesorado y evitar posibles prácticas de abuso como para poner en conocimiento de las autoridades cualquier práctica que vaya en esa línea.

El derecho a la imagen

La consejera canaria puso el foco en el "derecho a la imagen de los menores". Y, aunque no se cierra a estudiar la medida, concluye que los centros deben "ser seguros". Para conseguirlo, Guerra Palmero incidió en que lo más adecuado es "educar al profesorado para que eso redunde en el alumnado". Asimismo, apostó por una comunicación más fluida entre los padres, madres y profesorado.

Pero ante la necesidad de acabar con esta tendencia abusiva lo antes posible, el representante de Fitapa concluye que la instalación de cámaras podría "reducir estas situaciones". "A largo plazo tendremos que ir más a la raíz del problema", insistió y reafirmó que en todo caso, la formación deberá ser "coeducativa" para que ningún sector -especialmente los alumnos- sienta que le están "adoctrinando".

Los sindicatos educativos también han hecho consideraciones sobre la medida propuesta por la Fiscalía. En esta caso, CCOO en Canarias la tachó de "ineficaz y contraria a las libertades", además, concluyó que "no resuelve el problema de fondo: la falta de recursos humanos y materiales producto de las políticas de recorte de los últimos años".

Basado en la Lomce

Según CCOO, hay dos consideraciones importantes que se alejan de los discursos fáciles y "que no hacen sino apoyar el actual modelo educativo que propone la Lomce". Un modelo educativo que, por otra parte, es considerado por este sindicato como "extremadamente conservardor".

Asimismo, CCOO afirmó que esta ley educativa "ha pretendido convertir las escuelas e institutos en centros de instrucción donde sobreviven los más fuertes y con más recursos". Según el sindicato, el informe que ha hecho público la Fiscalía no tiene en cuenta consideraciones como esta y "obvia los años de recortes y penurias del sistema educativo". Por esta razón, considera que "recomienda una medida tan ineficaz como de poco recorrido que no va a la raíz del problema y que, además, engorda el corporativismo más negativo y es contraria a las libertades".

En este sentido también se manifestó el sindicato en Castilla-La Mancha, donde la Federación de Enseñanza se mostró en contra de la posibilidad de instalar cámaras y, al respecto, abogó por dotar a los centros educativos de más recursos humanos y materiales y por un mayor apoyo por parte de la administración educativa para solucionar los problemas del sector.

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