La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife juzga a partir de este lunes a J. C. P. R., un agente de la Policía Local del municipio de Puerto de la Cruz como presunto autor de un delito de malversación de caudales públicos, según la acusación preliminar que presenta la Fiscalía Provincial tras la denuncia interpuesta por el propio Consistorio portuense, según señalaron fuentes jurídicas cercanas al caso.
El juicio se celebrará con Tribunal del Jurado aunque, según las fuentes jurídicas consultadas todo parece indicar que el pleito puede dirimirse sin necesidad de celebrar la vista oral dada la intención del imputado de llegar a una sentencia de conformidad con la propia Fiscalía, aunque se desconoce si los ciudadanos convocados para su elección como jurado, según la idoneidad que fijen las partes, serán finalmente nombrados o se descartará dicho procedimiento al reconocer el imputado los hechos de los que le viene acusando el Ministerio Público.
La Fiscalía Provincial solicita para el agente local acusado la imposición de una pena de un año de prisión, una multa de 100 euros, así como la inhabilitación especial para el desempeño de sus funciones como agente de Policía también durante un periodo de un año.
En el escrito de acusación provisional al que ha tenido acceso El Día, la Fiscalía relata que el acusado sobre las 09:25 horas del 25 de enero de 2017, en su condición de agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, impuso una sanción pecuniaria de 200 euros a un conductor por la comisión de una infracción administrativa de tráfico en la calle Taoro del citado municipio del norte de Tenerife.
Pronto pago
Una vez que el agente le comunicó la sanción al conductor, el ciudadano sancionado entregó en el acto al agente 100 euros, la mitad de la cantidad fijada en la sanción para resolver dicho expediente de forma inmediata, tal y como se procede en este tipo de casos de satisfacción de cantidades antes de expirar el plazo de ejecución, beneficiándose el ciudadano sancionado de un reducción del 50% de la multa impuesta.
El policía local ahora acusado, "con intención de obtener un ilícito beneficio económico, se apoderó de la citada cantidad de dinero, sin entregarla a la Administración local ni poner en conocimiento de esta ni la imposición de la multa ni el pago de la misma".
Además de la petición de una pena de privación de libertad e inhabilitación para el empleo o cargo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Fiscalía señala que el acusado deberá abonar al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz la cantidad de 100 euros, con abono del interés legal del dinero desde el 25 de enero de 2.017 hasta que se dicte sentencia condenatoria, así como el abono de las costas procesales.
La Fiscalía considera que la pena a imponer es la que prevé el artículo 432 con el artículo 253 y el 433 del Código Penal, que señalan que los que en perjuicio de otro se apropiaren para sí de dinero que hubieran recibido en depósito, comisión o custodia y siempre que la cantidad no exceda de los 400 euros, se impondrá multa. Además, los hechos serán castigados con una pena de prisión de uno a dos años e inhabilitación especial para cargo o empleo público.
